Paula Ruiz
El Gobierno está a la espera de recibir un informe con observaciones por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) para hacerle cambios a la regla fiscal.
En octubre, el Fondo pidió frenar la discusión del proyecto de ley presentado por el Gobierno con el fin de brindar asesoría técnica.
Es justamente, las conclusiones sobre dicha asesoría lo que esperan en el Gobierno para avanzar con el plan en el Congreso.
“Esperamos que sea la siguiente semana a más tardar (que compartan el informe) porque tenemos que reactivar la discusión en la Asamblea Legislativa”, declaró Nogui Acosta, ministro de Hacienda a El Observador.
Con base en la retroalimentación que pueda dar el Fondo y sumado a las observaciones de las bancadas legislativas, se haría un resumen de las distintas posiciones, apuntó Natalia Díaz, ministra de la Presidencia.
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Paulina Ramírez, presidenta de la comisión legislativa, recordó que el Gobierno planteó que el Fondo brindaría recomendaciones sobre este tema.
“Iban a dar una asesoría técnica de la cual no conocemos el resultado porque, producto de esta asesoría, recomendarían qué sería factible excluir y qué no, lo cual son datos que aún no tenemos”, señaló.
Cuando se supere esa etapa, se convocará a una mesa de trabajo con diputados, particularmente los que integran la Comisión de Asuntos Hacendarios para discutir el proyecto, informó Díaz.
“Estaríamos convocando muy pronto a esa mesa”, afirmó la ministra.
El gasto de capital
Uno de los objetivos del proyecto 23.330 promovido por el Gobierno es excluir el gasto de capital de la regla fiscal.
Sin embargo, Acosta confirmó que en el Fondo tienen objeciones “en relación con el tema del gasto de capital, sobre todo porque puede prestarse para que se use una contabilidad creativa; sin embargo, estamos a la espera del informe definitivo del Fondo”.
El 4 de octubre anterior, Manuela Goretti, jefa de la comitiva del FMI señaló que tienen opiniones encontradas sobre el proyecto.
“Si bien vale la pena considerar alguna propuesta, no estamos de acuerdo con la sugerencia de excluir el gasto de capital e intereses dado el alto nivel de la deuda de Costa Rica”, dijo Goretti en esa ocasión.
La diputada Ramírez externó su posición a favor de excluir el gasto de capital de la aplicación de la regla fiscal.
“Creo que es conveniente excluir de la regla estos gastos porque están relacionados a la reactivación económica, ya que permitiría mayor inversión; no solamente en infraestructura, sino también en vivienda y otros temas que generarían empleo y permitirían que el país tenga mayor desarrollo económico”, afirmó la liberacionista.
Acosta apuntó que será una decisión del Congreso excluir o no este gasto ligado a la inversión.
Nogui Acosta (centro), ministro de Hacienda dijo que las observaciones podrían ser enviadas por parte del FMI la próxima semana. (Archivo/El Observador)
Más exclusiones
El plan busca modificar la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas de diciembre de 2018, en el título VI que refiere a las exclusiones de regla fiscal.
A ese apartado se pretenden incorporar:
- Empresas públicas o instituciones autónomas que participen en actividades comerciales
- Los entes públicos no estatales, salvo en aquellas partidas donde reciban dinero del Presupuesto Nacional para gasto corriente
- Recursos que reciban los entes estatales por motivo de un crédito internacional o donación
- El pago de intereses de la deuda
- Montos ordenados en ejecución de sentencias judiciales en firme
- Pagos al “Contrato de Gestión Interesada del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría” y “Contrato de Concesión de Obra Pública con Servicio del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós”
“El tema de donaciones por ejemplo, que esa es una situación que no es un gasto continuo sino que es una propuesta a alguien que dona algo para un fin específico y no debería estar sujeto a regla porque hay entidades como las universidades o el mismo Estado que tienen donaciones que no pueden utilizar porque están afectos al tema de regla”, amplió Acosta.
“Planteamos los entes públicos no estatales, aquellos que no dependen del Presupuesto de la República, las empresas públicas que están en competencia, aquellas que no reciben recursos del Estado consideramos que deben estar fuera y otra serie de cosas como intereses, por ejemplo esta subida que se dio en los últimos meses no hay forma de preverla y tiene impacto en el gasto”, continuó el ministro.
Diputados que sostuvieron encuentros con la delegación del Fondo en octubre pasado, señalan que este organismo recomendó mantener la aplicación de esta norma entre cinco y seis años más para lograr una sostenibilidad fiscal para el país.
Es por ello que aconsejan revisar con cuidado cualquier cambio.
Este proyecto de ley se presentó a la corriente legislativa el 14 de setiembre como respuesta a una serie de iniciativas que se plantearon de previo a esa fecha que buscaban excluir instituciones o partidas específicas dentro de las entidades estatales.
Desde que entró en vigencia la Ley de Fortalecimiento varias entidades han sido excluidas de la aplicación de este control financiero.
Las primeras fueron las municipalidades en 2020. Para ese entonces, Rodrigo Chaves fungía como ministro de Hacienda y debido al diferendo con el presidente de ese momento, Carlos Alvarado, salió de dicha cartera por su inconformidad por esta exclusión.
Mientras que, la más reciente fue el sistema de emergencias 9-1-1 cuya discusión conllevó la ruptura de la relación de las diputadas oficialistas Pilar Cisneros y María Marta Padilla.
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