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Gobierno evita referirse a proyecto que pone en peligro la pensión complementaria

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Pese al avance legislativo que ha tenido el proyecto que permitiría el retiro en un solo desembolso de la pensión complementaria, el Gobierno evita referirse al fondo de esta polémica iniciativa.

El lunes, ante varias consultas de la prensa, la ministra de Comunicación Nancy Marín informó que el Ejecutivo aún no tiene una posición formal sobre el expediente 21.309, “Ley para resguardar el derecho del trabajador a retirar los recursos de la pensión complementaria”.

El proyecto pondría en riesgo los ingresos de los costarricenses durante su edad más avanzada, pues pretende que los recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) puedan ser retirados en un solo desembolso y no como un subsidio durante la vida de retiro.

Autoridades en la materia, como el superintendente Álvaro Ramos, han expuesto ante los diputados los riesgos que corre la población si se le permite un retiro total, como si se tratara de un ahorro acumulado y no de una pensión.

“La gente se acostumbró a visualizar (el ROP) como un ahorro, como un acumulado. Cuando lo lee así, es un acumulado, pero en función de después generar un flujo de ingreso por el resto de su vida (…) una pensión es un pago periódico y el retiro total no es un pago periódico”, explicó el superintendente el 20 de agosto pasado, ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios.

Según la conceptualización de la Ley de Protección al Trabajador, el ROP es un fondo de capitalización individual que debe servir como complemento a los regímenes básicos (como el IVM) que son de reparto y cuyos pagos esperados no alcanzarían para llevar una vida digna en un futuro.

Ramos advirtió que incluso la posibilidad de hacer desembolsos totales puede incidir sobre los rendimientos de los fondos de pensiones, que pasarían a ser portafolios de liquidez (con dineros a la vista), en lugar de programas de desacumulación (pagos recurrentes).

Una conquista social en peligro

Uno de los principales críticos del proyecto ha sido el expresidente de la República Miguel Ángel Rodríguez, promotor de la Ley de Protección al Trabajador, quien recurrentemente ha opinado que el sistema mixto se eligió para dar solidez a las pensiones y que los pensionados no dependan solo de los regímenes básicos. 

También se ha pronunciado en contra del proyecto Danilo Montero, director ejecutivo de la Oficina del Consumidor Financiero (OCF). Él opinó que para llevar adelante el proyecto “se han señalado algunos argumentos emotivos, pero de difícil sustentación”.

En su opinión, una primera inquietud radica en la trampa del efectivo en la que podrían caer los pensionados: poner en la mano de las personas una suma de dinero mucho mayor al salario mensual que han recibido en promedio, lo que genera una falsa sensación de que se tiene más capital y no se valora que tomó muchos años llegar a eso.

Un segundo problema está asociado a la equivocada idea de que es un ahorro y no una reserva que le permitirá a los pensionados disponer de ingresos mensuales para cuando ya no puedan hacerlo mediante el trabajo. 

La tercera inquietud que mantiene la OCF es que esos recursos acumulados deben rendir para un período cada vez más prolongado de vejez, porque las personas tienen una expectativa de vida más amplia. 

“Ello nos lleva a las debilidades que hemos identificado en la OCF en materia de educación financiera de la población. Si bien el Estado viene realizando variados esfuerzos para superar esa limitación, la realidad es que las personas se quejan en forma sistemática del limitado dominio de los conceptos básicos para el manejo adecuado de sus finanzas e inversiones”, indicó Montero.

Un texto sustitutivo del proyecto ingresó a la corriente legislativa el pasado 4 de setiembre. La iniciativa es impulsada principalmente por el diputado Eduardo Cruickshank, del partido Restauración Nacional.


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