Gustavo Martinez
6 de cada 10 costarricenses (60,8%) consideran que el Gobierno no puede resolver el problema del narcotráfico en el país.
Así lo recopiló el informe Percepción de la población costarricense sobre la labor del Gobierno y la política nacional del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA).
Además, la encuesta arrojó que el 52,8% de la población consultada considera que el Ejecutivo es incapaz de resolver el problema de la seguridad ciudadana, mientras que, el 50,6% opina lo mismo sobre la corrupción.
Esto se da luego de que el país registró la alarmante e histórica cifra de 907 homicidios en el 2023.
En lo que va del año, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) contabiliza 282 homicidios, seis sucesos dolosos más que en el mismo período de 2023.
Diariamente en el país se presentan casos de balaceras, homicidios y agresiones que han afectado hasta menores de edad, mujeres y adultos mayores.
Uno de los casos fue el de una balacera en las afueras de la Escuela Silvestre Grant de El Cairo, en Limón, el pasado mes de febrero. El siniestro dejó a tres menores heridos y un adulto fallecido (objetivo inicial de los antisociales).
Recientemente, llamó la atención del país, el asesinato de una mujer de 21 años y su hija de 4 años de edad a manos de una banda criminal en Limón, el pasado 16 de abril.
De acuerdo con el informe preliminar del OIJ, los sujetos buscaban a la pareja sentimental de la mujer fallecida.
Se pronuncia
Ante la realidad del país, el presidente de la república, Rodrigo Chaves se ha manifestado en reiteradas ocasiones sobre la crisis de inseguridad que afronta el país.
De las primeras aseveraciones del mandatario fue que el conflicto se trataba de “una guerra entre pandillas”.
Ante esto, para las sesiones extraordinarias de noviembre, donde el Ejecutivo toma el control de la agenda de los diputados, el mandatario envió seis proyectos para atender, a su criterio, la crisis de inseguridad.
Los diputados cuestionaron la mayoría de las iniciativas, alegando, incluso, roces de constitucionalidad en algunos expedientes.
Esto resultó es un exabrupto durante una nueva conferencia de prensa en la provincia caribeña, donde Chaves ordenó al Ministerio de la Presidencia desconvocar dichas iniciativas.
Así les atribuyó la responsabilidad a los diputados para la construcción de iniciativas en esta materia.
Chaves responsabilizó a diputados las leyes flexibles que ponen en libertad a delincuentes (Archivo / El Observador).
Luego, el pasado 20 de febrero, durante una conferencia de prensa en Pocosí de Limón, sentó responsabilidades sobre la Contraloría, los diputados y medios de comunicación.
“Al fin Costa Rica entendió cuál es la causa y la cura de la falta de seguridad y que el Gobierno solo puede hacer una tercera parte. Me tocó resentir a alguna gente cuando el 22 de noviembre en Guácimo dije: ‘Se acabó, voy a retirar los proyectos que envió el Poder Ejecutivo para arreglar ese bendito cáncer de los jóvenes que se nos hicieron sicarios, de los que se nos hicieron consumidores, de los extranjeros que vienen a vender droga aquí, hay que meterlos a la cárcel’”, dijo Chaves en su discurso.
“Yo no voy a hacer nada contra la ley porque lo juré con la mano izquierda cercana sobre la Biblia, mientras levantaba mi mano derecha hacia el pabellón nacional, no voy a violar la ley, pero hay que cambiar la ley para poder meter a esos señores a la cárcel, vamos pa’lante diputados, eso es algo que solo ustedes lo pueden hacer, yo no”, amplió el mandatario en esa oportunidad.
10 proyectos prioritarios
Ante los homicidios diarios, las constantes críticas del Congreso y la preocupación ciudadana, el Ejecutivo optó por convocar a mesas de trabajo en conjunto la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial.
Es así que los presidentes de los Supremos Poderes definieron 10 iniciativas prioritarias en materia de seguridad, el pasado 30 de enero, luego de seis mesas de trabajo.
En estas reuniones participaron el presidente Chaves, la ministra Natalia Díaz; el presidente del Congreso, Rodrigo Arias; la presidenta de la Comisión de Narcotráfico, la diputada Gloria Navas; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre; el fiscal general, Carlo Díaz y otras autoridades judiciales.
Las iniciativas definidas por los Supremos Poderes son:
- Aumento de la prisión preventiva
- Quitar la naturalización a personas extranjeras detenidas en actos de criminalidad
- Capitales emergentes
- Extradición de costarricenses relacionados en casos de narcotráfico y terrorismo
- Ley que sanciona el delito de préstamo de dinero “gota a gota”
- Ley para la modernización de la intervención de las comunicaciones.
- Reforma a la ley de armas y explosivos
- Reducción de la pena de los monitoreos electrónicos
- Ley de prevención de la violencia en personas menores de edad y personas jóvenes
- Ampliar el plazo para borrar los antecedentes judiciales
Pese a su fijación desde enero, el Congreso ha aprobado únicamente dos iniciativas. La mayoría de los proyectos restantes se devolvieron a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, mediante mociones de revisión 137.
Uno de los proyectos que ya son Ley de la República es el que amplía el plazo para borrar los antecedentes judiciales, aprobado en segundo y último debate, el pasado 15 de febrero.
También se aprobó recientemente el proyecto para establecer penas de hasta 15 años a las personas prestamistas de “gota a gota”, en casos de intimidación, amenazas y agresión física.
Representantes de los Supremos Poderes en las mesas de trabajo de seguridad (Archivo / El Observador).
El Ejecutivo ha insistido en la aprobación del proyecto sobre prisión preventiva, el primero en la lista y que algunos diputados buscan las firmas necesarias para enviarlo a una consulta a la Sala Constitucional.
La diputada y presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Gloria Navas, aseguró que el proyecto debería quedar aprobado “sí o sí”, previo a la finalización de las sesiones ordinarias.
El jefe de Estado respondió, cuestionando, en varias oportunidades, el proceder de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y a su presidente, la diputada Gloria Navas.
Más desacuerdos
Esta situación provocó más críticas de Chaves a los diputados por el lento avance en la aprobación de los proyectos pendientes.
Sin embargo, las declaraciones del mandatario, el pasado 17 de abril en conferencia de prensa, luego de la muerte de la madre y la menor de 4 años en Limón, atizó aún más el desencuentro entre ambas partes.
“Tenemos un año, yo les dije el 22 de noviembre que yo les iba a contar los muertos. Ahí van dos más”, aseveró Chaves.
El presidente cuestionó que no hayan avanzado en el plan para endurecer las causales de prisión preventiva. Agrega que “con suerte agarran a estos tipos y los sueltan, ha habido casos muy parecidos”.
La diputada Gloria Navas defendió las acciones de la Comisión de Seguridad, que preside (Asamblea Legislativa).
Chaves afirma que los policías saben dónde están los sicarios o las personas involucradas en el narcotráfico, pero necesitan herramientas legales para su detención.
“Demándenle a sus diputados que nos den los instrumentos legales para meter esa escoria”, enfatizó en un mensaje a la ciudadanía.
Este discurso generó respuestas de los congresistas, quienes en espacios de control político se defendieron ante los señalamientos de Chaves.
“No nos manche las manos con el asesinato de una madre y una niña de 4 años (…) No lo recibo”, defendió la diputada Gloria Navas.
De momento, se encuentran aún pendientes ocho iniciativas de la lista prioritaria, que se discutirán en las sesiones extraordinarias a partir del 1° de mayo.
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