Paula Ruiz
La meta del Gobierno es pasar de una tasa de homicidios que cerró en 12,6% en 2022 a una de 10% en 2026.
Así lo expuso Jorge Torres, ministro de Seguridad lo que lo llevó a pedir el apoyo al Congreso y al Poder Judicial para lograrlo.
“Este es un desafío que yo quisiera que junto a ustedes y el Poder Judicial, pudiéramos llegar en 2026, llegar a tasa de 10% tratando de hacer las cosas como un solo equipo”, pidió Torres.
Una de sus acciones para lograrlo es mediante reformas que presentarán a mediados de abril relacionados con el Código Procesal Penal, Código Penal y Ley de Armas para lo cual hizo un “llamado a los diputados de que nos apoyen”.
Su principal objetivo está en reducir la violencia directa y la prevención de delitos, lo cuál él ha denominado como la punta del iceberg.
Por otra parte, el ministro reveló la estrategia a seguir para lograr esta reducción donde tienen como prioridad la aplicación de la Ley, la Inteligencia integrada (entre poderes del Estado) así como prevención y control.
A ello se le suma la convivencia pacífica mediante el impuso al deporte, la música y el arte. Su estrategia se compone de articulación de varios ministerios e incluso empresas dado que se compone de oferta laboral, oferta tecnológica y procurar que las familias tengan sus necesidades básicas cubiertas.
Serían menos
En la visita sorpresa del ministro al Congreso el martes 28 de marzo, recordó que en 2022 se registraron 656 homicidios y de estos, un 63% se debió a disputas territoriales por bandas criminales.
“De ese 63% más del 54% que equivale a 433 personas, eran reincidentes, cuando hablo de reincidentes es que deberían estar en la cárcel, entonces nosotros no estaríamos en una tasa de 12,6%”, alegó.
Por otra parte, afirmó que de 413 homicidios, “más del 54% que equivale a 223 eran personas con procesos judiciales que no deberían estar libres porque siempre he dicho, las personas vinculadas a delitos violentos y estructuras de narcotráfico que tanto daño nos está haciendo hoy en día, no deberían estar libres, deberían estar cumpliendo su condena”, puntualizó.
Ante este escenario, el ministro reiteró su discurso dirigido hacia las acciones que realiza el Poder Judicial porque si se hubiera cumplido la ley, la tasa no habría alcanzado 12,6%.
“No quiero ser irrespetuoso pero me da un derecho como ministro, como padre, esposo, hijo de hacer un llamado de donde está la violencia y dónde enfocar”, afirmó el jerarca.
¿Sin más dinero?
El diputado Gilberth Jiménez presentó un plan que pretende excluir de la aplicación de la regla fiscal los gastos e inversiones relacionados con seguridad nacional.
Para ello, justificó que hay recursos designados a la seguridad provenientes de impuestos específicos como el de Casinos, Sociedades Jurídicas Anónimas y el tributo al banano.
Pese a esto, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta afirmó que esta medida no sería viable debido a los compromisos que tiene Costa Rica con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
“La regla fiscal es sobre gasto, no sobre impuestos eso son ingresos y desde el punto de vista práctico, todos deberían ingresar”, respondió.
“Tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que nos establece un límite de superávit primario que tenemos que tener, los mismos diputados establecieron una serie de parámetros sobre el superávit primario que tiene que tenerse para la emisión de eurobonos entonces, desde el punto de vista práctico, es una falacia entrar en esta discusión de si levantamos la regla fisca a los gastos de seguridad o no”, continuó Acosta.
Así las cosas, para el jerarca de Hacienda lo importante guarda relación con tener una claridad con la ruta fiscal que permita disminuir la relación deuda-PIB.
Hasta este lunes 3 de abril, el 2023 registra 219 homicidios. La cifra representa 65 decesos más, en comparación con el mismo periodo del 2022.
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