Paula Ruiz
El Gobierno lamentó que la decisión de la Sala Constitucional a raíz del proyecto de ley conocido como Jornadas 4-3 pongan en riesgo los trabajos pretendidos con esta iniciativa.
Natalia Díaz, ministra de la Presidencia, afirmó inicialmente que esperarán el voto completo emitido por los magistrados, lo cual implica un tiempo adicional para un análisis más completo.
“Esperaremos el voto completo de la Sala Constitucional es lamentable que este tipo de decisiones comprometan la inversión y generación de empleos de calidad como los que se pretendían crear con esta importante iniciativa”, dijo de forma breve en representación del Poder Ejecutivo.
Los magistrados se pronunciaron esta tarde sobre una consulta facultativa enviada a dicho tribunal constitucional por parte de diputados del actual periodo constitucional, liderados por la bancada del Frente Amplio (seis diputados) más cuatro de Liberación Nacional, específicamente Francisco Nicolás, Rosaura Méndez, Kattia Rivera y Pedro Rojas.
Aquí se determinó que hubo un vicio sustancial de constitucionalidad en el procedimiento legislativo “al haberse reasignado el proyecto de ley a otra comisión legislativa con violación al principio de especialidad y al de interdicción de la arbitrariedad”
Ese traslado sucedió en el cuatrienio anterior por parte de las entonces legisladoras liberacionistas Franggi Nicolás y Ana Lucía Delgado, quienes fungieron como presidentas de las Comisiones de Jurídicos y Hacendarios, respectivamente.
El expediente en cuestión se tramita mediante el número 21.182 y fue Delgado su principal proponente. El traslado en cuestión fue autorizado por Eduardo Cruickshank, quien fuera el presidente de la Asamblea Legislativa en el periodo 2020-2021.
Según los magistrados, no le corresponde a la Comisión de Asuntos Hacendarios analizar este tipo de temas, dado que su función se circunscribe a presupuestos nacionales, liquidaciones y asuntos de la Hacienda Pública.
Mientras tanto, el tema en cuestión tiene que ver con aspectos de índole laboral al querer establecer un marco legal para que las empresas y los trabajadores puedan llegar a acuerdos que les permitan trabajar doce horas durante cuatro días y tener tres libres.
“De esta forma se cometió un vicio sustancial en el procedimiento, toda vez que la asignación de expedientes a las comisiones, lo que incluye su traslado, solo procede ‘con estricto apego a la especialidad de la materia y según las funciones y atribuciones señaladas para cada una de ellas’ (numeral 27 inciso 3 del citado reglamento), lo que en este caso se incumplió de manera evidente y manifiesta”, señaló el tribunal constitucional. La negrita y el subrayado es original.
Por lo demás, los magistrados no encontraron vicios ni fallos en el documento de 156 páginas enviado en agosto pasado, tras su aprobación en primer debate.
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