Paula Ruiz
El Gobierno analiza la posibilidad de vetar el proyecto de ley que pretende levantar la restricción de la regla fiscal para el sistema de emergencias 9-1-1.
Los diputados aprobaron en segundo debate este proyecto la semana anterior pero con la oposición de la bancada oficialista.
“Estamos haciendo la evaluación, creemos que hay espacio para que, sin exonerarse de regla, puedan cumplir. También la valoración tiene que ver con el tema social, de cual es el impacto que tiene el 9-1-1 sobre la realidad de los costarricenses y eso también tenemos que valorarlo”, declaró el ministro de Hacienda, Nogui Acosta.
En esa evaluación, analizarán la ejecución durante los últimos años, así como el cumplimiento del presupuesto, según detalló.
La defensa del Gobierno se basa en que tras la firma del Decreto Ejecutivo donde interpretan la aplicación sobre la regla fiscal da holgura al 9-1-1 para salir adelante con sus finanzas.
No obstante, María Elena Amuy, Directora del Servicio 9-1-1 dirigió una misiva al diputado del Frente Amplio Jonathan Acuña, donde expuso que pese a la liberación de recursos por el Decreto Ejecutivo, el dinero es insuficiente.
En la nota con fecha del 19 de agosto, Amuy expone que pese al aval para utilizar recursos adicionales, no resuelve la necesidad para asumir nuevos contratos necesarios que permitan la atención de situaciones de emergencia.
“El instrumento de control fiscal (Regla Fiscal) limita el uso del superávit necesario para realizar las inversiones tecnológicas requeridas no solo para atender las necesidades de los despachos actuales de las instituciones de primer respuesta, sino también para atender los requerimientos de la demanda de los costarricenses”, destacó.
Esta podría ser la segunda ocasión en que el presidente Rodrigo Chaves toma la decisión de vetar un proyecto de ley.
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La primera ocasión sucedió durante los primeros días de su administración, cuando decidió frenar el levantamiento de la aplicación de esta regla a la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).
Justamente, debido a esta limitación, Procomer se ha visto en la obligación de negociar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Ecuador de manera virtual.
El financiamiento del 9-1-1
La principal fuente de financiamiento del sistema de emergencias proviene de un impuesto de 0,75% en las facturas mensuales de telecomunicaciones como telefonía, destacó la diputada Sofía Guillén, con anterioridad.
“Son recursos que no provienen del Gobierno Central sino de la venta de un servicio que cofinancia la línea 9-1-1, no tiene sentido ni siquiera desde el punto de vista fiscalista”, defendió la diputada.
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De esta manera, no se trata de recursos provenientes de endeudamiento o vía impuestos como el de renta o IVA, sino un gravamen específico dirigido hacia el sistema de emergencias.
En caso de un veto, se requieren 38 votos como mínimo para un resello en el Congreso.
Nogui Acosta, ministro de Hacienda dijo que evalúan el veto a proyecto que busca levantar la regla fiscal al 9-1-1.
