Tomás Gómez
La Sala Constitucional -conocida como Sala IV- se rehusó a intervenir en los reclamos de los empleados públicos investigados por el Caso Cochinilla.
Uno de ellos, identificado como “Gerente de Unidad Ejecutora MOPT BID” recibió como medidas:
- Suspensión del cargo a partir del 26 de junio del 2021.
- Obligación de no acercarse a un radio menor de 1 kilómetro de las oficinas de CONAVI.
- No comunicarse con testigos
Según su interpretación, sin embargo, bajo el concepto de “suspensión del cargo” no cabía la suspensión del contrato de trabajo, que a su criterio le está afectando pues se le dejó de pagar salario.
El imputado argumentó ante los magistrados que se le podrían dar otras tareas dentro de la institución mientras tanto. “El MOPT bien puede atender la medida cautelar penal sin necesidad de afectar su derecho al trabajo y al salario”, recoge el voto en sus considerandos.
Además, alegó que no se respetó el debido proceso para ponerle la sanción.
Los reclamos, en todos sus extremos, fueron rechazados por la Sala.
Magistrados lo mandan a reclamar a otras vías
La Sala resolvió que no es su función revisar sanciones salvo que hayan “groseras violaciones al debido proceso que puedan importar una lesión al derecho de defensa, situación que en este caso no se da”.
Recalcó que si el funcionario tenía alguna queja tenía que mantenerla en la misma vía del Ministerio o en su defecto, elevarla a un juicio ordinario.
Los jueces agregaron que su función es ver casos rápidos donde las violaciones a los derechos sean latentes y no entrar en casos más profundos, reservados a otras jurisdicciones.
OBSERVE MÁS: MOPT y Conavi congelan salarios a funcionarios investigados por Caso Cochinilla
“Iniciar una discusión a un complicado proceso probatorio, excedería totalmente la naturaleza del amparo, e incluso, podría constituirse en una usurpación de funciones asignada por Constitución y por Ley a la administración o a la jurisdicción ordinaria”, explicaron.
El texto completo aparece en el voto 17523-2021, dictado a inicios de agosto pero hecho hasta ahora.
13 sin salario por el Caso Cochinilla
El pago a los burócratas implicados en el Caso Cochinilla se ha debatido reiteradamente en el proceso.
Durante las audiencias iniciales, varios de ellos pidieron que el Juzgado Penal de Hacienda se pronunciara sobre su condición laboral, pero se indicó que serían las jefaturas administrativas las encargadas de fijar las sanciones.
Así, el 21 de julio el titular del MOPT, Rodolfo Méndez, giró la resolución 2021-947 contra a 13 funcionarios en total, divididos así:
MOPT
- Erick Rodríguez Araya, Laboratorio de Materiales
- Luis Quesada Pérez, Unidad Ejecutora Red Vial Cantonal
- Elsie Carmona Rivas, Departamento de Contabilidad
- Egdar May Cantillano, Unidad Ejecutora Red Vial Cantonal
CONAVI
- Laura Chaves Mora, Unidad Ejecutora Puente Binacional Sixaola
- Hugo Zúñiga Fallas, Gerencia de Conservación de Vías y Puentes
- José Manuel Rojas Monge, Dirección de Finanzas
- Mauricio Ortiz Vega, Dirección de Finanzas
- Carmen Madrigal Rímola, Dirección de Proveeduría
- Harold Mora Obando, Gerencia de Contratación Vial
- Abraham Sánchez Castro, Gerencia de Construcción de Vías y Puentes
- Sergio Lobo Bejarano, Dirección de Finanzas
- María Marcela Monge Hernández, Gerencia de Adquisiciones y Finanzas
OBSERVE MÁS: Ticos señalan a funcionarios del Conavi y al Presidente Alvarado como principales responsables del Caso Cochinilla
La medida temporal quitó los salarios. Además, se prohibió hablar con testigos del Caso Cochinilla o acercarse a un 1 kilómetro a la redonda del Conavi.
Inicialmente la suspensión regirá por 4 meses.
