Josué Alvarado
La Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia) calificó como una “amenaza” el proyecto de ley 22.362 que actualmente es estudiado por los diputados que integran la Comisión de Asuntos Económicos en la Asamblea Legislativa.
El grupo empresarial señaló que a través de este texto se pretende crear un nuevo impuesto, pero con el nombre de “contribución especial”.
Este proyecto, entre otras cosas, crea el Fondo para el Manejo de Residuos (Fomare), que entre otras cosas, se financiera de una “contribución especial para toda persona física o jurídica que produzca o importe bienes cuyos residuos finales sean declarados de manejo especial y/o peligroso por el Ministerio de Ambiente y Energía”.
“La sola idea de cargar con más impuestos a la población es impresentable. No podemos creer que, ante la crisis inflacionaria que afecta la economía mundial y los altos precios de todo lo que la población necesita, se pretenda crear en una ley un subsidio para un gremio en específico”, dijo el presidente de Cacia, Juan Ignacio Pérez.
El grupo empresarial dice que el nuevo impuesto no solo afectará a las empresas que requieren importar sus materiales, sino también a las personas que lo hacen para sus actividades diarias.
“Tal contribución especial no podrá superar el equivalente a tres dólares, moneda de los Estados Unidos de América, como máximo, por cada unidad producida o importada”, dice el proyecto bajo estudio.
El mismo texto le da la responsabilidad al Minae de declarar, vía decreto ejecutivo, los residuos de manejo especial y que, por ende, tendrían que pagar dicha contribución.
El pasado 30 de setiembre los industriales de alimentos enviaron una carta a la Comisión de Asuntos Económicos en la que expusieron sus inquietudes. Calificaron el texto de inconveniente y lesivo para la estabilidad del sector empresarial. Además, solicitaron descartarlo.
El texto se presentó en diciembre del 2020 por parte del exdiputado socialcristiano Óscar Cascante.
