AFP
(Lima). El expresidente del Perú, Pedro Castillo, permanecerá en prisión por 18 meses, tras ser detenido para ser investigado por rebelión por tratar de dar un golpe de Estado y cerrar el Congreso, resolvió el jueves la Corte Suprema.
La decisión de un juez supremo, que declaró fundado un pedido de la fiscalía, se sustenta en que existe “peligro de fuga” del imputado.
Castillo trató de asilarse en la embajada de México en Lima tras el frustrado autogolpe del 7 de diciembre. La medida dictada este jueves se extiende hasta junio de 2024.
10 muertos
El intento de golpe de Estado desató violentas protestas que suman 10 muertos, bajo un estado de emergencia nacional declarado por el nuevo gobierno.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, dos personas fallecieron tras un enfrentamiento entre manifestantes y las fuerzas del orden en el aeropuerto de Ayacucho (sur). Esto sube a una decena las muertes desde que estallaron las protestas.
El estado de emergencia permite que las Fuerzas Armadas participen de la seguridad interna.
“Exigimos a las Fuerzas Armadas el cese inmediato del uso de armas de fuego y de bombas lacrimógenas lanzadas desde helicóptero”, dijo la Defensoría.
La entidad también reportó 340 heridos y, según la Policía, casi la mitad son de su institución.
Las protestas más fuertes, con miles de personas en todo el país, ocurren en el sur, donde se mantienen cerrados cinco aeropuertos (Andahuaylas, Arequipa, Puno, Cuzco y Ayacucho).
Más de un centenar de rutas están bloqueadas, complicando transporte y abastecimiento. El tren a la turística de Machu Picchu está suspendido y hay centenares de turistas varados.
Cerca de 2.000 camiones de carga bolivianos están varados en el sur de Perú, en la frontera con Bolivia.
La posición de Castillo
El expresidente fue detenido en “flagrancia” cuando intentaba llegar a la embajada de México para solicitar asilo. Luego fue acusado de rebelión y conspiración.
Desde la cárcel, Castillo ha asegurado que no renunciará. Contra él también existe una denuncia constitucional de la fiscalía por corrupción.
Los opositores de Castillo aseguran que parte de su apoyo proviene del Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso. Se trata de la guerrilla maoísta que sembró el caos en Perú en la década del 80 y 90. Los llaman “terroristas”.
“Desde día uno que (Castillo) asumió la presidencia y es más, en la campaña (presidencial), nosotros ya éramos terroristas, éramos ‘terrucos’. No lo dejaron gobernar, éramos ladrones, éramos corruptos”, recordó Vilma Vásquez, sobrina del expresidente, en las afueras de la prisión.
“Nos vamos a quedar hasta que salga. Invoco a que las marchas sean pacificas”, dijo Vásquez, de 42 años.
Los manifestantes piden la libertad de Castillo, la renuncia de su sucesora constitucional, la exvicepresidenta Dina Boluarte, el cierre del Parlamento y elecciones generales ya.
