Tomás Gómez
El juicio de La Trocha sigue a la espera de que se clarifiquen dos trabas que surgieron a inicios de la semana y que son necesarios para finalmente señalar una fecha de inicio del debate.
En primer termino está la cirugía del acusado de apellido Ramírez. Él sufrió varias heridas el 17 de abril y se estaba a la espera de una cirugía en el Hospital del Trauma el pasado miércoles.
Aunque se ofreció la posibilidad de hacerle un juicio aparte y avanzar con los demás, la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría se opusieron. Así, dependerá de su recuperación un posible reinicio del proceso.
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Consultado al respecto, su abogado, José Miguel Villalobos, señaló que aún hay que esperar.
“La cirugía fue ayer. No hemos tenido una comunicación formal de que haya un plazo de incapacidad”, indicó.
“Tienen que revisarlo y determinar si requiere una nueva cirugía o ya nos podrían dar el plazo de incapacidad”, apuntó.
Una vez recibida la información se informará al tribunal, que de todos modos sigue incompleto.
También a la espera de un juez
El primer llamado del juicio de La Trocha estaba para fines de marzo.
Inicialmente el tribunal estaba integrado por Rosaura García, José María Arguedas, Franz Paniagua y Alfredo Arias. Estos últimos dos se separaron porque uno de los defensores los había representado en un caso anterior.
Así, fue necesario pausar el juicio para buscarles suplentes.
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La convocatoria se hizo para el lunes anterior cuando se sumaron Jorge Tabash y José Pablo Alvarado. Tabash, sin embargo, también se retiró por vínculos con otros de los abogados.
Así, de momento está en firme la designación de García, Arguedas y Álvarez. A ellos habrá que nombrarles un cuarto compañero que actúe como suplente y no será hasta que el Poder Judicial lo consiga que se pueda señalar otra fecha para el debate.
Más de una década después
El caso de La Trocha estalló en 2012 durante el Gobierno de Laura Chinchilla.
Lo que empezó como una obra de defensa ante la invasión de Nicaragua terminó en un proceso de cuestionamientos por el manejo de dineros, sobre todo desde el Conavi.
La propia Administración Chinchilla denunció el caso y el supuesto beneficio para las empresas constructoras de la obra.
Aunque hubo más de medio centenar de investigados, son 13 los llamados a juicio:
- Acosta Monge
- Serrano Alvarado
- Ramírez Marín
- Mesén Vargas
- Agüero Gamboa
- Mora Barrantes
- Castillo Villalobos
- Baralis Crosetti
- Herra Alfaro
- Soto Campos
- Méndez Méndez
- Alvarado Víquez
- Morera Fernández
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En dicha lista hay funcionarios de la época, proveedores de la construcción y las esposas de dos de los investigados por el supuesto aprovechamiento de los recursos.
La lista general de los delitos investigados abarca influencia contra Hacienda Pública, peculado, penalidad del corruptor y cohecho propio. También enriquecimiento ilícito y penalidad del corruptor.
