Paula Ruiz
La Junta Administrativa del Liceo de Costa Rica denunció que recibió presiones por parte de ministros del Gobierno para que que cedan un terreno que es propiedad de esa institución al Estado.
Se trata de una manzana ubicada en Plaza González Víquez, en el centro de San José, y que actualmente es usada por oficinas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
El jueves 1 de junio, los miembros de la Junta Administrativa tuvieron una reunión con la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, así como con Jéssica Martínez, ministra de Vivienda, y Luis Amador, jerarca del MOPT.
Durante ese encuentro, los ministros le plantearon que cedan el terreno sin ningún pago de por medio.
Además, les dijeron que en caso de no aceptar hacerlo entonces el MOPT dejaría de alquilar el inmueble.
“Muy contundentes de que si no firmamos el traspaso, no se vuelve a pagar el alquiler. Amador nos dijo que ordenó el desalojo de la manzana y no la va a usar más, nos quedamos sin alquiler”, dijo Rodrigo Soto quien es vocal de la Junta Administrativa del Liceo de Costa Rica y participó en la reunión.
Actualmente, el centro educativo alquila el terreno al MOPT. Con el dinero que recibe el Liceo por el alquiler cubren el pago de electricidad y agua, así como el pago de conserjes, guardas de seguridad y otro personal.
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Soto especificó que los ministros fueron muy amables, aunque sí tenían una posición muy firme.
Además mostró preocupación por las repercusiones que puede tener esta decisión para el Liceo de Costa Rica.
“No podemos alquilar de nuevo la propiedad porque se requiere permiso del Gobierno y no nos lo van a dar, obviamente y quedaríamos desprotegidos”, puntualizó.
Según Soto, esto significaría el cierre del Liceo.
“La Junta no puede disponer de manera unilateral del inmueble, puesto que no es un ente independiente, sino que está bajo la tutela del MEP”, indicó la Ministra de vivienda a través de su oficina de prensa.
Firma bajo protesta
Debido a esto, el lunes anterior los miembros de la Junta tomaron la decisión de firmar un convenio propuesto por los jerarcas, quienes el jueves pasado les dieron plazo de tres días para pensarlo.
Dicho convenio sería por 25 años donde el Estado se compromete a hacerle frente a los gastos del colegio que hoy son sufragados con el alquiler del inmueble.
“La única alternativa es firmar bajo protesta y yo digo, realmente estamos acorralados y si no aceptamos hay que cerrar el Liceo por falta de liquidez y nos deja en situación de indefensión total”, justificó el miembro de la Junta.
“No tenemos opción, tenemos que firmar o cerrar el Liceo, estamos en indefensión, pero sí quisiera dar la lucha por una indemnización”, reiteró Soto.
Él aspira a que sea un dinero que les permita generar intereses en beneficio de los estudiantes y que sea supervisado por la Contraloría General de la República y el Ministerio de Educación Pública.
También especificó que con la firma del convenio se les prometió el pago del alquiler por parte del MOPT hasta diciembre aunque esté desalojado antes.
“Me siento forzado, casi que con una pistola en la cabeza”, puntualizó.
Soto explicó que el terreno les pertenece pues fue cedido a través de la Ley 5570 del 30 de agosto de 1974.
Esa legislación indica en el artículo 1 lo siguiente:
“Al trasladarse los talleres y demás instalaciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes a sus nuevas instalaciones, traspásese al Liceo de Costa Rica (Diurno), representado por su Junta Administrativa, la manzana ubicada al Sur del edificio del Oeste, con sus edificaciones, destinada a ampliar la planta física de dicho Colegio.
Cualquier construcción que a partir de la vigencia de esta ley realice el referido Ministerio, en la mencionada manzana, deberá tratar, en lo posible, de que sirva posteriormente para fines educativos; con ese propósito se consultará previamente al Ministerio de Educación Pública”.
Soto declaró, tienen clara la problemática de los alquileres que paga el Estado y su intención no es obstruir la construcción de Ciudad Gobierno, aunque piensas que el Colegio debería recibir una indemnización.
“Jamás la Junta ha estado en contra de la Ciudad Gobierno”, aclaró desde el principio de la entrevista.
La Junta recibe unos 16 millones de colones mensuales del alquiler del inmueble al MOPT y, con esos recursos se mantiene la operación de la casa de enseñanza. Tomada de Facebook.
La respuesta de ministros
Este medio consultó a los tres ministros mencionados, mediante las oficinas de comunicación de las entidades y sus encargados de prensa.
La respuesta en el MOPT fue que era “imposible” obtener una respuesta este martes. Se aseguró que se buscaría un espacio “en estos días” para obtener la contraparte del ministro Amador.
En tanto, desde el Ministerio de Vivienda se obtuvo una respuesta que fue replicada minutos después por el MEP.
Desde ambas entidades lideradas por Jéssica Martínez y Anna Katharina Müller, respectivamente, se confirmó la reunión del jueves pasado.
“Como parte de la coordinación realizada para la gestión del proyecto, se ha tenido un acercamiento con la Junta Administrativa del Liceo de Costa Rica, así como con los propietarios privados que se encuentran dentro del perímetro a desarrollar en la primera etapa”, informó de manera detallada.
Seguidamente, ambas jerarcas exponen que el terreno viene perteneciendo al MEP dado que la Junta no es un órgano independiente.
“En este marco se han mantenido reuniones con la Junta antes referida, con el fin de concretar el traspaso efectivo del terreno como corresponde al Ministerio de Educación Pública”, especificó.
“La Junta no puede disponer de manera unilateral del inmueble, puesto que no es un ente independiente, sino que está bajo la tutela del MEP.
“Esto a pesar de esta condición en aras de mantener la cordialidad y las buenas relaciones, se ha acordado firmar un convenio que respalde a la Junta en sus obligaciones y compromisos con respecto a la operativa del Liceo”, amplió la respuesta de Vivienda y Educación.
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Francis Tejada, abogado de los estudiantes del Liceo de Costa Rica, destacó que en 1974 el presidente de la República, Daniel Oduber, cedió los terrenos y empoderó a la Junta, como una excepción con los demás colegios a ser propietaria de esas tierras.
“Llegar y despojarnos de lo que la ley quiso decir, eso va en contra del artículo 45 de la Constitución Política que sería el ejercicio de la propiedad privada, tiene doble naturaleza porque si usted consulta el número de finca en el Registro Público sale a nombre de la Junta y no del Ministerio de Educación”, comentó a El Observador.
Actualmente, el MOPT les paga alrededor de ¢16 millones a los liceístas de forma mensual por el inmueble.
“Lo que hace el Gobierno es un acto de despojo, reina el matonismo. Esperamos que no sea la constante de este gobierno cuando las cosas no salen como ellos quieren”, manifestó Tejada.
El abogado considera que para ceder esos terrenos, tendría que derogarse la Ley 5570 y realizarse una indemnización debido a ese alquiler mensual.
“lo que necesitamos es sentarnos y ponernos de acuerdo porque sabemos que el proyecto traería beneficios no solo al Liceo, sino al país y sobre todo el beneficio de alquilar edificios”, concluyó.
13 expropiaciones
Este martes, El Observador reportó que el Estado pagará alrededor de 13 expropiaciones para que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) desarrolle “Ciudad Gobierno” en Plaza González Víquez.
La ministra de Vivienda, no precisó cuánto costarían estas expropiaciones al Estado. Explicó que hay un avalúo inicial hecho con información secundaria, pero requieren hacer otro con datos específicos, por lo cual, los montos podrían variar.
“Ahorita no podría decirlo porque es informativo y el dato podría variar para arriba o para abajo, prefiero cuando tengamos el avalúo”, dijo.
Se tiene previsto iniciar con los movimientos de tierra en diciembre de este año. Es por eso que se requieren licitaciones para construir el complejo de edificios está pronta a lanzarse, según confirmó el Banco Centroamericano de Desarrollo BCIE).
“El BCIE se encuentra trabajando de la mano de expertos en la materia para estructurar las especificaciones de las licitaciones que se lanzarán próximamente”, señaló mediante un correo electrónico a solicitud de este medio.
La idea es entregar la nueva infraestructura antes el 2026 cuando culmine el Gobierno del presidente Rodrigo Chaves.
La obra tendrá un costo máximo de $450 millones que pagará el Banco de sus propias ganancias. Aunque, alquilará el inmueble al Estado costarricense por hasta 25 años que se asumirá con pago correspondiente.
La primera etapa del proyecto se realizará entre calle 5 y calle 11, sobre la avenida 20, donde actualmente se ubica el Ministerio de Obras Públicas.
Los edificios tendrán entre 15 y 21 pisos y albergará 18 ministerios.
Ciudad Gobierno estaría exclusivamente en manos del Banco y la inversión no requiere de un aval legislativo.
De esta manera, el BCIE alquilaría durante 25 años el inmueble al Poder Ejecutivo y será, al culminar ese periodo, cuando pase a manos costarricenses.
