Josué Alvarado
Cada vez menos recursos se trasladan a micro, pequeños y medianos productores agrícolas, cárnicos, lecheros o avícolas a través del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), contrario a lo que establece la ley.
Este programa funciona desde el 2008 en Costa Rica y está a cargo del Consejo Nacional de Producción (CNP).
El objetivo es que el Estado le compre los alimentos a los productores más pequeños con un doble objetivo: abastecer a las instituciones como escuelas, cárceles y hospitales y también ser un apoyo para este sector de la economía.
Sin embargo, la Contraloría General de la República (CGR) detectó que con el paso de los años ha disminuido el porcentaje de los recursos que se transfieren a la población meta.
Por el contrario, la mayoría de recursos dentro de este programa se trasladaron a pequeñas empresas, pero dedicadas a la distribución. Otro porcentaje llega a grandes suplidores.
Por ejemplo, al cierre del 2022 el 49% de las compras se habían cerrado con el grupo meta del PA: micro, pequeños y medianos productores agroindustriales.
Otro 35,29% correspondía a micro, pequeños y medianos empresarios dedicados al acopio y la distribución. Este porcentaje ha ido creciendo, pues para el periodo 2017-2020 la participación de este segmento llegaba a 19,6%.
El porcentaje restante (15,61%) corresponde a grandes suplidores.
Para el año 2022 había un total de 387 suplidores del PAI en el país.
Según estos datos, la CGR concluye que “la mayoría de los beneficios del PAI no se direccionaron a esta población meta”.
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Decisiones sin sustento
El informe señala que el CNP solamente puede contratar a otros suplidores que no sean agroindustriales mediante un mecanismo de excepción previsto en la ley.
El articulado indica que se debe acreditar la ausencia de una falta de oferta por parte de los suplidores prioritarios antes de activar la excepción, lo que no está ocurriendo.
“La administración se expone al riesgo de que la asignación y reasignación de mercado entre suplidores se realice de forma discrecional o injustificada; de tal manera que sea posible el otorgamiento de ventajas o tratos preferenciales sin que medie un sistema de control interno robusto”, dice el informe de la CGR sobre este tema.
En el mismo sentido de la falta de sustento, el ente contralor concluye que la asignación de mercado se hace sin los criterios establecidos.
No hay evidencia de los criterios que usan para escoger a unos productores y a otros no. Tampoco hay registro de los criterios sobre los cuales se decide la cantidad de puntos que cada productor debe abastecer.
“Se podría propiciar concentraciones improcedentes de mercado”, advierte la CGR.
Los resultados de dicha investigación de la contraloría se presentaron al CNP y a la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) desde el 19 de junio del 2023.
