Hermes Solano
En la Asamblea Legislativa se tramita el expediente 23.372, proyecto de ley que pretende exonerar del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Este cuerpo policial requiere recursos frescos para la contratación de tecnología, que permita mejorar las investigaciones, sobre todo a la hora de abrir teléfonos celulares.
Sin embargo, desde el Ministerio de Hacienda, el jerarca Nogui Acosta le dice no a esta iniciativa. Acosta resumió su negativa en tres factores.
“No estamos de acuerdo por una simple razón; eso significa menos recaudación, habría menos transparencia en quién le vende al OIJ; y lo tercero es que con menos recaudación, le tengo que dar menos recursos”, explicó el ministro.
Dentro del presupuesto nacional, el Ejecutivo le traslada los recursos al Poder Judicial y ahí hacen la distribución.
El jerarca reiteró que si exoneran del IVA al OIJ, se va a disminuir el monto que le entregarían a la Corte Suprema de Justicia.
“La distribución del presupuesto del Poder Judicial lo hace la Corte, le damos los recursos a la Corte y ellos son los que los distribuyen”, explicó, dejando en claro que no habría opción de negociar.
OBSERVE MÁS: OIJ no ha podido abrir 500 celulares de dos casos de “interés estatal” por falta de tecnología
La petición
El director a.i del OIJ, Rándall Zúñiga, estuvo esta semana en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea, explicando la razón de necesitar los recursos.
Zúñiga reconoció que el OIJ no tiene la tecnología suficiente para abrir teléfonos celulares de alta gama y que, actualmente, en la mayoría de los casos que investiga, media un celular.
Incluso, señaló que actualmente tienen alrededor de 500 teléfonos sin poder abrirlos de dos casos de corrupción de interés nacional.
“En el caso de las aperturas de los teléfonos, solo dos casos tienen 500 celulares decomisados y están ahí, no se pueden abrir. Son casos grandes, de interés Estatal por casos de corrupción y no los hemos podido abrir”, reconoció Zúñiga.
Aunque no lo mencionó, esas investigaciones serían los casos Cochinilla y Diamante, que involucran funcionarios de Conavi, el primero, y alcaldes o exalcaldes, el segundo.
“Se requiere de un software especializado para abrir un celular; los de alta gama tienen una encriptación bastante fuerte que no es factible abrirla con una técnica que tengamos nosotros. Es necesario este tipo de tecnología”, dijo el director de la policía judicial.
Exonerar al OIJ del pago del IVA representarían entre ¢1.200 y ¢1.250 millones que la autoridad judicial podría sumar para comprar el software necesario para trabajar en los casos, según el organismo.
