Hermes Solano
El director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Rándall Zúñiga, compareció este miércoles ante la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa como parte de la discusión del expediente 23.372.
Este proyecto de ley pretende exonerar del Impuesto del Valor Agregado (IVA) a la policía judicial, con el objetivo de dotarlos de recursos para adicionales en pro de las investigaciones.
Zúñiga reconoció que el OIJ no tiene la tecnología suficiente para abrir teléfonos celulares de alta gama y que actualmente, en la mayoría de los casos que investiga, media un celular.
Incluso, señaló que actualmente tienen alrededor de 500 teléfonos sin poder abrirlos de dos casos de corrupción de interés nacional.
“En el caso de las aperturas de los teléfonos, solo dos casos tienen 500 celulares decomisados y están ahí, no se pueden abrir. Son casos grandes, de interés Estatal por casos de corrupción y no los hemos podido abrir”, reconoció Zúñiga.
Aunque no lo mencionó, esas investigaciones serían las de los casos Cochinilla y Diamante, que involucran funcionarios de Conavi, el primero y alcaldes o exalcaldes, el segundo.
“Se requiere de un software especializado para abrir un celular; los de alta gama tienen una encriptación bastante fuerte que no es factible abrirla con una técnica que tengamos nosotros. Es necesario este tipo de tecnología”, dijo el director de la policía judicial.
La mayoría de los diputados del órgano legislativo se mostraron a favor de exonerar del IVA al OIJ y dotarlos de recursos frescos.
Rándall Zúñiga, director interino del OIJ. (Captura de pantalla)
Más de ¢1.000 millones
Exonerar al OIJ del pago del IVA representarían entre ¢1.200 y ¢1.250 millones que la autoridad judicial podría sumar para comprar el software necesario para trabajar en los casos.
Zúñiga indicó que generaron convenio con una embajada -no dio el nombre- que les “patrocinará” el software por los próximos meses, con el compromiso que a inicios de 2025 el OIJ asuma el costo.
“Necesidades hay muchas, hay que priorizar y lo primero es poder cumplir los compromisos asumidos con embajadas amigas para seguir utilizando el software y solo en eso se podrían ir 300-400 millones de colones”, explicó.
También reconoció que tienen un problema para interceptar comunicaciones de redes sociales, pero que el software para poder realizar eso es “extremadamente caro”, superando los ¢1.250 millones que recibirían.
Además de la tecnología para abrir teléfonos celulares, el dinero serviría para la compra de drones, GPS y demás herramientas que permitan mejorar las investigaciones.
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Carencias
Zúñiga dio un ejemplo de las carencias que tienen en este momento. Lo hizo con el caso de la bebé sustraída en Cervantes de Cartago en abril.
Asegura que tuvieron que pedir drones a la empresa privada para poder hacer un rastreo aéreo con tecnología infrarroja que permite localizar si hay un cuerpo en el terreno.
El director dice que el OIJ debería tener esos equipos y no estarlos pidiendo prestados.
Aunque no lo mencionó, en el caso de la apertura de teléfonos, en el caso mediático del homicidio de la anestesióloga María Luisa Cedeño, el OIJ no pudo abrir el celular de la mujer, por lo que no se pudo tomar como prueba en el caso, que sentenció a uno de los tres imputados.
“Tenemos un presupuesto que se nos ha dado desde hace varios años y que ha disminuido, lo que ha venido afectando las investigaciones”, finalizó Zúñiga.
