Paula Ruiz
El Ministro de Seguridad, Jorge Torres, se mostró interesado en presentar un nuevo proyecto de ley sobre extinción de dominio, pero que solo contemple al narcotráfico.
De acuerdo con el jerarca, sería importante quitar los bienes que hayan sido adquiridos por esta actividad ilícita, como una medida para golpear a estas bandas.
Torres tiene este interés pese a que el plan no goza de total “bendición” por parte del presidente de la República, Rodrigo Chaves.
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“Yo quiero hablar con el presidente sobre eso, no escuché la conferencia lo que él dijo, soy respetuoso y no puedo tener una agenda paralela a él pero sí, a mí me gustaría hacer algo diferente”, reconoció.
El jerarca destacó que ha conversado con autoridades de otros países, tanto de la región como de Estados Unidos, para resaltar la importancia de hacer cambios en esta lucha y así obtener resultados distintos.
Afirma que el interés regional está fijado en quitarles solo la droga.
Texto manoseado
La iniciativa de ley se presentó desde el 13 de mayo de 2015 por el exdiputado Antonio Álvarez. En 2019 se aprobó un nuevo plazo que le otorgó cuatro años más de vida en la corriente legislativa pero vencerá el 14 de mayo de este año.
El proyecto quedaría archivado si a esa fecha no se aprueba una moción de plazo cuatrienal que le extienda su vida en la agenda del Congreso por otros cuatro años.
Durante el periodo 2018-2022 el plan se empantanó pese a que se conformó una comisión especial en el Congreso para analizar solamente este expediente.
En el texto actual, la lista de delitos que se castigan con este sistema va más allá del narcotráfico, el lavado y el terrorismo. El proyecto incluye más de una veintena de eventuales sujetos de acción de la norma.
Además de todos aquellos relacionados con las drogas, entrarían la corrupción, el enriquecimiento ilícito, el contrabando, el secuestro extorsivo o la explotación sexual e incluso, llegaría a abarcar los delitos tributarios.
A esto se le suman preocupaciones respecto a la presunción de inocencia y la aplicación del derecho, como se conoce hasta hoy, pues la carga de la prueba ya no correspondería solo a la Fiscalía como acusador, sino que las personas denunciadas se verían en la obligación de demostrar inocencia, mientras son afectadas con comisos preventivos.
La lista comenzó a ampliarse por el interés de diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) respaldados por los entonces jerarcas de la Fiscalía General (Emilia Navas) y Organismo de Investigación Judicial (Wálter Espinoza, q.e.p.d).
Posición de Chaves
La semana pasada, Chaves se desligó de una futura convocatoria al afirmar que las prioridades gubernamentales están puestas en otros proyectos.
“Me preocupa de las leyes que hay por ahí es que la extinción de dominio se hace administrativamente, es decir en sede administrativa y no en sede judicial y eso tiene implicaciones muy serias para los derechos de propiedad y posiblemente, la corrupción”, afirmó Chaves.
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