Juan Pablo Arias
Los magistrados de la Sala Constitucional sesionan la noche de este sábado 31 de julio para definir el futuro de la ley de Marco de Empleo Público, actualmente en consulta.
La información fue confirmada a El Observador por la oficina de prensa de la institución.
La iniciativa trata sobre el plan para reorganizar parte de los pluses y beneficios de los empleados públicos; lo cual no ha estado exento de polémicas.
Originalmente, el proyecto de Empleo Público se propuso como un componente esencial de la Reforma Fiscal del 2018. Los proyectos del Poder Ejecutivo naufragaron, pero el tema fue incluido en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que Costa Rica obtuviera un crédito por $1.778 millones.
Ahora, los desembolsos del crédito dependen de ese proyecto de ley, catalogado como un “parámetro estructural” o necesario para continuar con los desembolsos del acuerdo.
Validez del proyecto
El 17 de junio anterior, un total de 32 diputados aprobaron el proyecto de ley en primer debate.
Aunque el plan era darle votación definitiva, a la semana siguiente llegaron consultas de los legisladores a la Sala Constitucional para evaluar la iniciativa y la validez del procedimiento.
Las consultas de los diputados pretenden indagar si el proyecto es constitucional por:
- La independencia del Poder Judicial
- La inclusión del Tribunal Supremo de Elecciones
- La autonomía de universidades públicas, municipalidades y la Caja Costarricense de Seguro Social
- Tratados internacionales, por la introducción de objeción de conciencia
A las preguntas de los diputados se sumó una más de la Corte Suprema de Justicia. El 30 de junio, con 20 votos, la Corte Plena resolvió plantear una consulta de constitucionalidad contra la Ley Marco de Empleo Público.
Fernando Cruz, presidente de la Corte, dijo en esa fecha que esta es la primera vez en que el Poder Judicial recurrirá a esta figura legal.
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El temor es que el proyecto afecte algunos aspectos de la independencia judicial, por lo que decidieron hacer el trámite.
¿Qué podría pasar?
Sobre lo que verán los magistrados, el escenario también se divide en dos ámbitos:
- Fondo: se trata de valoración de las normas y lo resuelto por la Sala IV sirve como mera referencia.
- Forma: revisa los procedimientos y las consideraciones de este tipo sí son vinculantes.
De estas dos, la segunda implica un proceso más complejo, pues para corregirse debe devolverse el procedimiento al momento donde ocurrieron. Esto implica incluso, devolver el plan a la Comisión de Gobierno, donde el texto pasó meses en un intenso debate.
