Sergio Arce
En Nicaragua se hace lo que Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenan desde la llamada Casa de los pueblos.
Es una enorme propiedad enclavada en el centro de Managua que comenzó a tomar forma tras la confiscación de siete casas de lujo en el barrio El Carmen. La enorme propiedad es practicamente un búnker.
Desde allí y con el apoyo de los militares, policías, “paramilitares”, la Asamblea Nacional y todo el aparato estatal, la pareja presidencial trazó la suerte de la Iglesia católica en ese país.
Pero, ante todo, decidió lanzar un mensaje “contundente” al resto de la población, que ahora ve impotente la retención del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez.
Se trata de uno de los más críticos a la gestión oficial, explicaron a El Observador académicos y analistas internacionales.
La molestia y la ofensiva sandinista
La andanada oficial contra el clero comenzó en el 2018 cuando los sacerdotes abrieron las puertas de sus iglesias.
Ellos decidieron que los templos albergarían a heridos y a quienes buscaron refugio en medio de los ataques sandinistas.
El gobierno ha dicho que estas manifestaciones fueron parte de un intento de golpe de Estado promovido por la oposición. Pero además que las protestas contaron con el apoyo de Washington y que los obispos fueron cómplices.
Ortega y Murillo cobrarían esa factura a un precio muy alto: la Iglesia católica ha sufrido la persecución de sacerdotes y allanamientos de templos.
También ha visto el cierre de medios de comunicación católicos (10, solo en los primeros días de agosto) y el exilio de religiosos.
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En marzo, el representante del Vaticano, monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag, salió del país de forma intempestiva. Autoridades eclesiales apuntan a que sus relaciones con el gobierno “no eran buenas”.
En julio, monjas Misioneras de la Caridad, de la orden de Santa Teresa de Calcuta, abandonaron Nicaragua.
Esto luego que el Congreso cerrara sus oficinas y se alegara que no estaban acreditadas para realizar operaciones de asistencia social. Ellas están ahora en Costa Rica.
Ataques frontales
Más recientemente, a inicios de este mes, las fuerzas policiales y militares ingresaron de manera violenta a la iglesia de la Divina Misericordia en el municipio de Sébaco, localizado al norte del país.
Los oficiales reventaron candados, puertas y agredieron a feligreses. Pero además se llevaron los equipos de la radio católica de esa parroquia.
“Amigos fieles, vengan, estoy siendo asediado”, con esta palabras reaccionó el sacerdote de esta parroquia al momento de la incursión sandinista, según reportes de la prensa local e internacional.
“En Nicaragua no hay una democracia. Y es a partir del 2018 que se va construyendo un régimen autoritario y dictactorial. Hay una concentración de poder lógica.
“Para los que somos demócratas esto significa que toda fuente de oposición es blanco de persecución y ataques. Y llámese oposición a la prensa, candidatos presidenciales y ahora la Iglesia católica.
“Según he leído (la Iglesia) es en Nicaragua la institución con mayor credibilidad y, cuando uno tiene credibilidad con mayor poder y cuando se enfrenta o cuestiona al régimen político en el poder, obviamente se ataca”, expresó convencida la analista internacional Nuria Marín.
Una encuesta realizada por la firma Cid-Gallup en el 2018 -la última que se conoce- reveló que la Iglesia católica gozaba del apoyo del 60% de la población. Esto la convirtió en la institución más respetada, incluso por encima de las entidades y grupos oficialistas.
“El sultanato” de Daniel y Rosario
Gerald Solano, académico e investigador de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, califica de “sultanato” lo que ocurre en Nicaragua, donde se cumple la voluntad de quien ejerce el poder y, en este caso, es la pareja presidencial.
El especialista considera que la abrumadora concentración de poder ha logrado desdibujar la institucionalidad del país, que solo responde a los intereses del gobierno, devenido en régimen.
“Toda acción política es un mensaje… y en este caso es un mensaje al país de lo que la dupla Ortega-Murillo es capaz de hacer, donde incluso hay claras violaciones de derechos humanos”, expresó Solano al hacer referencia a los ataques contra instituciones como la prensa, onegés y la Iglesia católica.
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“Su poder les facilita utilizar los mecanismos estatales para reprimir cualquier voz que sea disidente o de la oposición.
“Y aquí es donde la Iglesia queda inmersa en esta dinámica compleja de poder en Nicaragua. Al estar el obispo Álvarez siendo una voz disidente contra el abuso de poder, desde luego que se convierte en un enemigo público del régimen”, añadió.
¿Hay posibilidades de que baje el acoso y la tensión con la Iglesia católica? Ambos analistas no ven un futuro prometedor en el corto plazo.
Aún peor porque el Vaticano no se ha pronunciado sobre los incidentes y ataques contra sus representantes en la nación centroamericana.
Entretanto, la población tiene ahora escasos o nulos espacios para la acción política. Esto se ha traducido en el exilio de miles de nicaragüenses -en especial hacia Costa Rica-.
Pero también en el “silencio cómplice y doloroso de Centroamérica”, que “decidió voltear la vista hacia otro lado y votó a favor” del candidato propuesto para Ortega para el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), coincidieron ambos.
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