Paula Ruiz
Los diputados aprobaron en primer debate una reforma integral a la Ley General de VIH-SIDA, creada hace 20 años. El cambio tuvo un respaldo unánime de 42 legisladores.
Enrique Sánchez, diputado oficialista, resumió que la legislación vigente se creó a un nivel médico. Lo aprobado este jueves, tiene un enfoque de derechos humanos para las personas que viven con la enfermedad.
La iniciativa pretende regular todas las acciones del Estado costarricense en lo relacionado a promover y garantizar una respuesta integral al Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).
Entre los ejes principales están la prevención, además de garantizar a las personas una atención a través de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Durante la discusión del jueves, se aprobó una moción que permitirá a nacionales o extranjeros, en condición de pobreza, pobreza extrema e indigencia, acceder a medicamentos necesarios para su tratamiento.
Atención a extranjeros
En el caso de las personas extranjeras con VIH que se encuentren en condición migratoria irregular, podrán recibir la atención integral y el tratamiento, mientras realizan los trámites de regularización de su situación migratoria.
De igual forma, se garantiza todas las personas desempleadas dicha atención de forma gratuita y sin interrupción, sin tener que asegurarse.
La legisladora del Partido Integración Nacional (PIN), Patricia Villegas, lloró en Plenario durante la discusión de cara a su primer debate, debido a la emotividad por la reforma que esperó durante dos décadas.
“Ustedes (diputados) están demostrando que son personas de carne y hueso, que no se han dejado manipular y que han hecho conciencia de lo que se está votando hoy es ayudar a personas vulnerabilidad, a madres infectadas por parejas estables, a niños que aún no han nacido y que se les va a dar protección desde el vientre de su madre, a personas con pobreza extrema que no tienen cómo acceder a seguro social”, dijo entre lágrimas.
¿Cuáles derechos?
La Ley ahora define como derechos de las personas con VIH, así como la población en general:
- Derecho a la vida humana digna y a la libertad e igualdad
- Vivir en un entorno libre de actitudes y prácticas estigmatizantes y discriminatorias.
- Contar con información científica y actualizada acerca de VIH, en todos los ámbitos públicos y privados con el fin de contribuir a la prevención
- Recibir consejería para obtener información, orientación, apoyo y acompañamiento psicosocial antes y después de la prueba del VIH, así como durante el tratamiento de la enfermedad, para la toma de las decisiones relacionadas con su salud sexual y reproductiva de manera corresponsable
- Confidencialidad de los resultados
- Acceso a la prueba de VIH.
Cuando la persona con VIH no quiera o no pueda comunicar su estado seropositivo a sus contactos sexuales, el personal de salud deberá realizar todas las gestiones, para notificar a todos sus contactos sexuales, pasados y presentes.
La legislación aprobada crea el Consejo Nacional de atención al VIH (Conasida).
El trámite de segundo debate se realizará el próximo 22 de octubre.
