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Mientras intenta finalizar millonario proyecto de alcantarillado, AyA enfrenta pugnas legales con empresas

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El Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) corre y busca con urgencia dinero, para terminar un proyecto clave para el tratamiento de aguas residuales en el Área Metropolitana. Y al mismo tiempo mantiene abiertos frentes legales con empresas, a quienes les refuta responsabilidades por los fallos de un plan que no logra concluirse.

El “Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José” tiene como meta rehabilitar y reconstruir el alcantarillado sanitario actual, en 11 cantones que reciben las aguas residuales de más de un millón de habitantes. Su planificación inició hace una década, con detalles y problemas que se arrastran aún hoy.

Diferencias por más de ¢187 millones

Estas son las obras construidas, como colectores y tuberías, en el proyecto hasta setiembre de este año. (Cortesía AyA)

El primer enfrentamiento legal se da alrededor de los diseños originales del proyecto. La Unidad Ejecutora considera que existe responsabilidad del consorcio NJS-Sogreah, por algunos aspectos de los diseños que originaron las obras. La empresa franco-japonesa ganó la licitación en enero del 2010. Debía trazar la “nueva” red de alcantarrillado sanitario y fiscalizar la intervención.

Aunque no califica de deficientes los estudios y diseños previos, Marco Fidel Vargas, coordinador de la Unidad Ejecutora del Proyecto, señaló que ya se presentó un informe a la Junta Directiva del AyA sobre las responsabilidades que le endilgan a NJS-Sogreah. El consorcio justifica que el problema viene por los términos de referencia e información aportada cuando se les contrató.

Vargas fue cauto con respecto al proceso administrativo, que formalmente aún no inicia. “Consideramos que es posible que existe responsabilidad. Pero eso tiene que determinarse por un proceso formal”, matizó.

Vargas señaló que la responsabilidad del consorcio se dio con “varias situaciones en la ejecución de obras que podrían constituir omisiones en el diseño elaborado”. Desde agosto pasado la Unidad Ejecutora lo valoró.

“Se recomendó a la Administración ejecutar la garantía de cumplimiento, así como aplicar el monto de las retenciones del precio que se hubieren dado y los saldos de pago pendientes. La Unidad Ejecutora está gestionando los procedimientos administrativos correspondientes”, respondió el coordinador a El Observador.

La cuantía y el valor alrededor del conflicto no es menor. NJS-Sogreah solicitó la devolución de 35.084.949 yenes (moneda japonesa), que equivale a más de $322.000, más de ¢187 millones. El monto corresponde a las retenciones del 5% que el AyA hizo sobre una parte de los pagos, según lo establece el contrato.

OBSERVE MÁS: AyA negocia préstamo de $150 millones del Banco Nacional para finalizar proyecto de alcantarillado

Años de atrasos, experiencia acumulada

En este momento, el AyA tiene un faltante de $175 millones para terminar el proyecto. Para cubrir el hueco, la entidad negocia con el Banco Nacional por un crédito adicional de $150 millones. Mientras los conflictos con NJS-Sogreah acumulan más de un lustro.

La empresa debía recibir $17 millones, recursos provenientes de un préstamo de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA). En el 2011, la Contraloría General de la República determinó que el proyecto sufría un atraso de 30 meses.

En octubre del 2013, el Semanario Universidad informó que el consorcio enfrentaba denuncias en el Juzgado de Trabajo de San José y el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA). El AyA desconocía las quejas y simplemente adujo que sería más dañino romper el contrato con NJS-Sogreah.

Todavía en el 2014, con Yamileth Astorga como presidenta del AyA, la Contraloría autorizó cambios al contrato. Acueductos pidió “desligar el inicio de la Etapa II de la finalización de la Etapa I”, para poder continuar. El contrato se comenzó a ejecutar en abril del 2010 y casi 10 años después, sigue sin completarse y con pugnas legales que suben de tono.

Mientras se agota la vía administrativa para intentar solucionarlo, Marco Fidel Vargas no quiso adelantar ni especular con el resultado. El AyA ha defendido que los problemas en este proyecto se dan ante la realidad física de la GAM. Luego de hacer diseños y estudios onerosos, se descubrieron problemas como:

  • puntos invadidos por precaristas
  • permisos pendientes
  • necesidad de trabajos en horarios nocturnos imprevistos
  • materiales diferentes
  • y redes de servicios (agua, pluviales y más) que no se reflejaron en los planos

Aún así el coordinador de la Unidad Ejecutora afirmó que una empresa con la experiencia de NJS-Sogreah debió advertir varias situaciones como la necesidad de trabajos nocturnos y otros.

Arbitraje ante el CFIA

Estas son las obras en ejecución, por toda la GAM, a setiembre del 2019. Problemas en trabajos en Coronado llevaron a un proceso de arbitraje. (Cortesía AyA)

Por otro lado, el AyA también enfrenta un conflicto legal con otro contratista. Se trata la empresa Acciona Agua, contratada para obras del proyecto en la sección llamada Redes Sur. De esta adjudicación, solo se completó una tercera parte, “por dificultades técnicas y desacuerdos contractuales”, según confirmó el Instituto.

Las diferencias derivaron en un proceso de arbitraje en el Centro de Resolución de Conflictos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA). El AyA detalló que aún está en etapa de análisis del Tribunal Arbitral. Acciona Agua presentó el requerimiento arbitral en octubre del 2018. Y en febrero de este año planteó la demanda.

“Actualmente Acciona Agua está realizando el análisis de la prueba pericial presentada por el AyA, y tiene plazo hasta finales de octubre para contestar al Tribunal Arbitral. (…) Es un proceso de demanda y contrademanda”, explicó Marco Fidel Vargas. En este momento Acciona Agua no construye ninguna obra para el AyA.

El proyecto es clave para solucionar un rezago de décadas en el alcantarillado sanitario del país. (AyA)

El proyecto dispone en este momento de más de $100 millones, para concluir contrataciones e impulsar nuevas licitaciones.

Según la recopilación del Programa Estado de la Nación, el país ha mejorado la cobertura de alcantarillado sanitario con tratamiento, pasando de 4,2% en 2014, a 8,2% en 2016 y 14,4% en 2017.


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