Tomás Gómez
La minería de datos elaborada por el asesor presidencial Alejandro Madrigal semanas antes de las elecciones municipales y dada a conocer en primicia por El Observador genera inconformidad entre los políticos opositores.
Este medio conversó con ellos durante el domingo y alertaron sobre el manejo que se hizo de información religiosa, de huelgas y referente a la educación sexual.
“Espionaje”, “destrucción del país” e “ilegalidad” son parte de las reacciones generadas por el trabajo de Madrigal, quien eliminó sus redes sociales y borró los registros electrónicos tras los cuestionamientos de este medio.
Alerta religiosa
Los registros de la aplicación Tableau evidenciaron que, entre otros temas, el funcionario de Casa Presidencial comparó y buscó una correlación entre el número de iglesias evangélicas y el apoyo que recibió el Partido Acción Ciudadana frente a Restauración Nacional.
Al respecto, la legisladora Ivonne Acuña, indicó que se trata de un accionar irresponsable que transgrede los principios democráticos.
“Esto es usar la información sensible y confidencial para fines electorales que benefician a un solo partido político. Esto es un golpe a nuestra democracia y me extraña que el Tribunal Supremo de Elecciones no esté siendo vehemente”, señaló la psicóloga.
Igual molestia expuso el presidente de Nueva República, Francisco Prendas, para quien “la unidad de espionaje existe desde que llegó Carlos a la Presidencia”.
“Si era tan bueno y tan legal, ¿por qué no se comunicó desde un principio? Si la información que salía de ahí era tan buena y necesaria para una buena gestión entonces la mentira es aún mayor porque este gobierno es un desastre, son los más inútiles e ineficientes de la historia”, manifestó.
Desde Restauración Nacional, la subjefa de fracción, Xiomara Rodríguez, mencionó que la unidad de datos roza con los tratados internacionales de derechos defendidos por el PAC.
“Este señor no escucha que el pueblo que está gobernando. O vuelve la cara al pueblo o va a tener que enfrentar una multitud molesta”, advirtió.
Colección de dudas
La información divulgada por El Observador levantó roncha también en Liberación Nacional donde la representante Yorleny León dijo que se trata de “una evidencia contundente del riesgo e irresponsabilidad con la que se pueden manejar datos desagregados de los costarricenses”.
“El señor Madrigal usó datos de la UPAD para hacer sus ‘propios’ mapas a partir de su interés de investigación. ¿Responden esos mapas a intereses de construir una política pública que mejore las condiciones de los ciudadanos como se ha querido justificar la Unidad por parte del Presidente? No, absolutamente no”, agregó.
“Lo que está sucediendo con esa unidad de espionaje, creada con oscuros intereses, no tiene comparación”, dijo por su parte el republicano Dragos Dolanescu.
Shirley Díaz, de la Unidad Social Cristiana, agregó que la creación de la Unidad de Datos es una muestra más de que el Gobierno se extralimita en sus funciones y viola la separación de poderes.
“Primero fue el hueco fiscal, donde giraron pagos que no fueron autorizados por el Parlamento, después el Artículo 21 de la Constitución con la norma técnica, ahora quieren imponer expropiaciones a través del reglamento de INVU, insisten en la ruptura del secreto bancario y ahora nos sorprenden con esta oficina tipo Gestapo que busca información confidencial de la ciudadanía con intereses que solo ellos tienen claros”, mencionó.
Crisis jurídica en Zapote
A inicios de la semana anterior, con total secreto, el Gobierno publicó el decreto de creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), con la que pretendía legitimar la recolección y análisis de datos que admitió hacer desde el inicio de su gestión.
El documento legal habilitaba a los funcionarios de Casa Presidencial a acceder cualquier registro público, incluyendo los más confidenciales.
La normativa contó con el aval del presidente Carlos Alvarado, el Ministro de la Presidencia, Victor Morales y el viceministro de Planificación, Daniel Soto.
OBSERVE MÁS Presidencia anula decreto con el cual se autohabilitó para acceder a información confidencial
La medida fue señalada como inconstitucional y abusiva, al punto que en pocas horas debió ser derogada, decisión que no calmó el debate.
Durante el fin de semana tanto la Asamblea Legislativa como la Defensoría de los Habitantes adelantaron que a partir del lunes arrancará una serie de acciones para analizar las acciones que haya cometido el Poder Ejecutivo con ese objetivo.
Colaboró la periodista Christine Jenkins
