Marco Marín
Durante los primeros seis meses de este año, la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) ubicó 187 tomas ilegales a lo largo de los 533 kilómetros de su poliducto. Eso equivale a un acceso de extracción ilícito por día.
Por esta razón se discute, en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, el expediente N° 21447, Ley sobre el apoderamiento de los hidrocarburos, sus derivados, o mezclas de hidrocarburos.
De acuerdo con la Refinadora, el país tiene un vacío legal que impide sancionar a las personas halladas manipulando el poliducto, con el fin de sustraer combustible. Esto ha propiciado el incremento de los actos vandálicos en los últimos 44 meses.
Según datos, remitidos por Recope, en el 2016 se reportaron tres accesos, en el 2017 el número saltó a 48. Durante el 2018, se reportó la mayor cantidad de accesos, con un total de 199. En últimos cuatro años, el total asciende a 480.
La institución agregó que, entre el 2016 y el 30 de junio del presente año, se han sustraído 13.800 millones de litros de combustible, lo cual se traduce, monetariamente, a un total de ¢7.100 millones.
Al tipo de cambio actual el monto es de más de $12 millones.
A esto hay que agregarle el costo de las reparaciones en las que Recope ha tenido que incurrir y lo que le ha significado un gasto adicional de ¢404 millones.
Este tipo de tomas se detectaron por primera vez en el 2002.
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Castigos
La iniciativa es uno de los proyectos que el Poder Ejecutivo envió al Congreso para que sea discutido durante las sesiones extraordinarias, periodo en el cual controla la agenda parlamentaria. El proyecto fue promovido por el actual ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora.
De aprobarse, tal y como está, la ley impondría una pena de ocho a 15 años de cárcel a quien dañe el poliducto. El texto determina un castigo similar en caso de demostrarse el robo de hidrocarburos.
Por otro lado, la persona que sea hallada almacenando o transportando combustible robado, se expone a una sanción de tres a seis años en caso de tener más de 500 litros, sin factura.
Además, el texto busca que el poliducto sea declarado de interés público ya que se trata de “una infraestructura estratégica para la actividad económica nacional, pues permite garantizar el servicio público del suministro de combustibles”, agregó la institución.
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Creciente problema
De acuerdo a las autoridades, en las últimas semanas se han disparado los actos vandálicos contra la infraestructura del poliducto entre Turrialba y Limón. Solo en la tercera semana de agosto se reportaron siete incidentes en estas zonas.
Esta actividad criminal no solo representa un peligro para los bienes de Recope y el país, sino también para las comunidades aledañas a los lugares donde se dan estas tomas ilegales, ya que, en muchas ocasiones se producen derrames que atentan contra las personas y los recursos naturales.
El pasado julio, en Siquirres, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) tuvo que abastecer agua, con tanques cisternas, a más de 7.000 personas. Esto, luego de que la planta potabilizadora de la zona fuera contaminada por combustible.
En abril del 2017, 23 familias tuvieron que ser evacuadas en San Martín de Liverpool, en Río Blanco de Limón, luego de que se reportara una fuga de gasolina a causa de una toma ilegal.
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Marco Marín
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