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Rector de la UNA: “Nadie tiene derecho de venir a decirnos, desde afuera, cuánto y qué son gastos de inversión”

Con tono desafiante, el rector de la Universidad Nacional (UNA), Alberto Salom, defendió las manifestaciones de las universidades públicas de…

Por Marco Marín

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Rector de la UNA: “Nadie tiene derecho de venir a decirnos, desde afuera, cuánto y qué son gastos de inversión”
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Con tono desafiante, el rector de la Universidad Nacional (UNA), Alberto Salom, defendió las manifestaciones de las universidades públicas de la última semana. Además enfiló sus ataques contra la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar.

Esta mañana en conferencia de prensa, el académico aseguró que las protestas en contra el traslado de recursos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), se generaron por la “decisión arbitraria” de Aguilar.

“Esa arbitrariedad, de la señor Ministra nos metió en problemas. En serios líos. ¿Qué demostramos ayer? Qué se podía utilizar otro camino y llegamos a un feliz encuentro, creo yo”, dijo Salom.

El Rector de la UNA justificó que, según el artículo 85 de la Constitución Política, es potestad de las universidades públicas distribuir el presupuesto, al tiempo que tildó de “histórico” el acuerdo alcanzado.

Movidas presupuestarias

Según Salom en la discusión de Presidencia ayer, se arregló el conflicto al cambiar “la nomenclatura de algunas partidas, que se denominaban gasto corriente y, merced a una sugerencia”. Explicó que algunos gastos tipificados como corrientes, se podrían clasificar como inversiones.

Por ejemplo, mencionó la compra de licencias de software. “Nadie me va a decir que el superávit puesto para edificios, para construcción de edificios, para compra de bienes, no es una inversión de capital. ¿Qué es inversión de capital?”, cuestionó.

El Rector Salom recordó que las universidades públicas estaban comprometidos a destinar ¢100.000 millones a la inversión de capital, pero que esto no habría sido del agrado de Aguilar.

Además defendió que sí cumplirán la regla fiscal. Esta obligación está incluida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Limita el crecimiento de todas las instituciones públicas, en momentos de crisis fiscal.

“Aunque no estamos cobijados por ella. Por favor ponga un dato bueno. Diga que el rector Salom afirma que todas las universidades estamos por debajo de la regla fiscal y que estamos en un aumento de gasto corriente de solamente 1,03% y la regla fiscal permite llegar a 4,67%”, aseveró.

Insistió en que la Ministra Aguilar incurrió en un “ilícito”; se “extralimitó” en sus funciones; y hasta que mintió a los diputados.

“No es cierto. Nos solicitaron amablemente que si podíamos acumular una suma de capital, que les ayudará a ellos a estar al día con la regla fiscal. Por eso están queriendo que hay una inversión alta, ya que baja el gasto porcentualmente. Accedimos, pero dijimos que eso iba a salir del gasto global”, reiteró.

Según Salom él y los otros integrantes del Consejo Nacional de Rectores (Conare) no impusieron ninguna condición, para la reunión que celebraron la tarde y noche de este miércoles con el mandatario Carlos Alvarado.

Un grupo de estudiantes mantiene un bloqueo en la calle frente a la UNA en Heredia. Fuerza Pública intervino para disolver la afectación al libre tránsito, pero el conflicto se mantiene.

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Presidencia sin Hacienda

Hoy continuaron los manifestantes frente a la UNA. Algunos enfilaron sus críticas contra Alberto Salom. (Katherine Ulate/El Observador)

Desde hace más de una semana, las universidades iniciaron la batalla contra Hacienda. La cartera redireccionó ¢70.000 millones del FEES, por medio de una transferencia de capital incluida en el proyecto de Presupuesto 2020.

La medida se conoció desde el 18 de julio, cuando el Conare aceptó el FEES en la Comisión de Enlace del Fondo Especial. Sin embargo ahora alegan que hubo un error de interpretación de Hacienda.

Ayer Presidencia, luego de excluir a Hacienda de la reunión, frenó la instrucción.

La acción de Hacienda no fue un recorte, sino un traslado de recursos. Obligaba a las universidades estatales a usar los ¢70.000 millones en cuestión, en inversión de infraestructura y otras. El objetivo es que no se usaran en gasto corrientes de salarios y más. Así se respetaría la regla fiscal. Pero ahora la medida no aplicará.

La Asamblea Legislativa ya había aprobado un recorte de ¢35.000 millones en el plan de gastos del 2020. Ahora se podrían realizar más cambios, vía mociones de reiteración una vez se discuta en el Plenario.

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