Tomás Gómez
“No desconocemos las graves consecuencias que ha dejado la pandemia provocada por la COVID-19, pero también tenemos que ser muy francos: los gobernantes de turno y que han estado en el poder, en los últimos 30 años, deben asumir la responsabilidad de decisiones y acciones que ya tenían a nuestro país en condiciones sumamente precarias”.
Con esa frase abre la Conferencia Episcopal una carta pública en la que alertan de los efectos económicos y sociales del borrador de negociaciones que el Poder Ejecutivo pretende negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El plan, presentado el jueves anterior, generó una reacción negativa generalizada, sobre todo por su concentración en nuevos cobros más que en recortes del gasto, una posición a la que se sumó la Iglesia Católica.
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“Costa Rica es víctima de la falta de decisiones dirigidas a una reforma estructural del Estado, a reactivar verdaderamente la economía, a contener el gasto público y a fomentar la producción”, indicaron los prelados en la misma carta.
“Si de sacrificios se trata ya hubo una reforma de ajuste fiscal a finales del 2018”, espetaron.
Como parte del escrito, la institución religiosa recomendó una mejora en la recaudación de los impuestos ya existentes, así como una modificación sustancial del gasto.
“Es fundamental la reducción del gasto público, sin ella no habrá impuestos que aguanten. Si se piensa en impuestos que sean progresivos y no en propuestas que incluyan impuestos regresivos, afectando a los más vulnerables”, señalaron.
El 1° de setiembre se dio la última reunión entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal, donde se trataron temas como el aforo permitido para las iglesias (Presidencia)
Gobierno sin apoyo
Aunque ha intentado alegar la participación ciudadana en la construcción de la propuesta y brindó información anticipada a sus alidados políticos, el Poder Ejecutivo ha recibido constantes críticas por la hoja de ruta que lleva al FMI.
Ocurrió así en la Asamblea Legislativa -que tendrá la decisión final- donde Liberación Nacional y Restauración, tradicionales aliados del Gobierno, adelantaron su rechazo a dar los 24 votos que aportan, esenciales para cualquier proyecto.
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También se posicionaron en contra los sectores productivos que insistieron en la necesidad de revisar el gasto público y la Defensoría de los Habitantes, que alertó sobre la necesidad de revisar la afectación a los Derechos Humanos de una propuesta de este tipo.
