Mariana Mena
La Operadora de pensiones complementarias (OPC) del Banco Popular denunció desde el 2020 las irregularidades con el pago de pensiones anticipadas.
“A finales del 2020, Popular Pensiones denunció ante la Fiscalía de Probidad que personas habrían retirado los recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC) con certificaciones de pensión por invalidez presuntamente alteradas”, indicó la institución en un comunicado de prensa.
Según Popular Pensiones, la denuncia se sustentó tras un informe de la División de Seguridad del banco, tras detectar las irregularidades.
Por su parte, el Banco de Costa Rica (BCR) negó que las oficinas de otras operadoras de pensiones fueron allanadas este lunes y agregaron que trabajan con normalidad.
OBSERVE MÁS: 18 allanamientos y ocho detenidos por irregularidades en entrega del Régimen Obligatorio de pensiones
Allanamientos
La posición del Banco Popular y sus subsidiaria se da luego de 18 allanamientos realizados este lunes por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta)
En las acciones se detuvo a ocho personas. El Ministerio Público mencionó a las dos entidades en su comunicado de prensa.
“Al parecer, un ex trabajador de una empresa privada indicó a algunas personas que tenía un contacto en el BP (Banco Popular) para agilizar la entrega del ROPC”, explicó la fiscalía.
“Por otra parte, la entidad recibió informaciones acerca de posibles retiros de forma anticipada y con una certificación aparentemente emitida por la CCSS”, sumó.
De acuerdo con las autoridades, 29 empleados habrían obtenido los montos del ROPC de forma anticipada, usando esa certificación falsa.
“Tras las investigaciones entre octubre del 2019 y el 08 de setiembre del 2020, aproximadamente 29 empleados de empresas, vinculados al extrabajador, habrían obtenido, por parte de la Gerencia de Pensiones de la CCSS, una certificación con declaraciones falsas”, resaltaron.
Detenidos
Durante los allanamientos, la Fiscalía ordenó detener a ocho personas, con los apellidos: Angulo Sandí, Tencio Zúñiga, Guevara Calderón, Ramos Barboza, Marín Otárola, Díaz Caruzo, Rojas Fuentes y González Carrillo.
“Además de las capturas, el Ministerio Público busca prueba física y electrónica, para incluirla al expediente de la investigación”, informaron.
Según la investigación, los delitos serían: cohecho propio, penalidad del corruptor, falsedad ideológica, falsificación de documento y uso de documento falso.
Asimismo los allanamientos fueron en viviendas de Escazú, Moravia, San Sebastián, Hatillo, Desamparados, Guadalupe y Puntarenas.
También en oficinas del Banco Popular, Banco de Costa Rica (BCR) y de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
