Oportunidades para los sectores agrícola, pecuario y pesquero

Msc. Rigoberto Vega Arias, Vicepresidente CNAA

MSc. Juan Luis Zúñiga, Consultor en comercio internacional

Resulta una verdad de Perogrullo afirmar que el Estado costarricense está en deuda con los sectores agrícola, agroindustrial, pecuario y pesquero. La Costa Rica de las políticas valle centralistas está en deuda con las comunidades fuera del Gran Área Metropolitana (GAM). Los ciudadanos que habitan en zonas rurales y costeras lo saben y, con sobrada razón, lo resienten ante las incumplidas promesas políticas que han hecho que una gran mayoría de esta población se aleje peligrosamente del más importante ejercicio de una democracia: el sufragio.

Las actividades económicas de las empresas que operan fuera de la GAM giran en torno a la agricultura, la pesca y el sector pecuario. A diciembre del 2020, según el INEC, el 36% de la población económicamente activa en las zonas rurales se dedicada a labores agrícolas. A esa realidad, se debe agregar el hecho que el empleo informal en el campo y la costa representa un 54% del total del empleo, situación que se ha venido a agravar con la pandemia.  El sector agrícola, agroindustrial, pecuario y pesquero es el mayor empleador en zonas rurales con aproximadamente 270.000 empleos directos.

Sin pretender hacer un diagnóstico, la lista de urgencias no atendidas de los agricultores y pescadores es larga y de vieja data. Padecen y se quejan de falta de acompañamiento de las instituciones gubernamentales; poco o difícil acceso al crédito; falta de flexibilidad para el pago de las cuotas obrero-patronales a la C.C.S.S; lentitud en el registro de moléculas mejoradas de nuevos agroquímicos; altos costos de los combustibles y otros insumos; incrementos en los costos de transporte; falta de competitividad y baja productividad; embates climatológicos; entre otros de los muchos retos que imposibilitan el crecimiento de estos sectores.

En el 2021, los Diputados de la Asamblea Legislativa tienen una oportunidad histórica para contribuir a cambiar el rumbo del sector agrícola, agroindustrial, pecuario y pesquero, revitalizándolo y fortaleciéndolo. El proyecto de ley número 22.607, Ley de Fortalecimiento de la Competitividad Territorial para Promover la Atracción de Inversiones fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM), es un paso en la dirección correcta para impulsar la reactivación económica de estos sectores tan relevantes para nuestra economía, alcanzar una mejor repartición de la riqueza y fomentar la promoción de la paz social. En este proyecto de ley se propone la inclusión de una nueva categoría de empresas bajo el régimen de zonas francas (RZF) denominadas proveedoras de insumos, lo que abre una magnífica oportunidad a las pequeñas y medianas empresas (MiPymes).

Actualmente, las empresas ubicadas en zonas rurales y costeras que operan en los sectores agrícola, agropecuario y pesquero no pueden ingresar al RZF, salvo que manufacturen o procesen mercancías. Una de las propuestas del proyecto 22.607 brindaría nuevas oportunidades a ese tipo de empresas por las siguientes razones:

Primero: las sociedades propietarias de fincas se podrían amparar al RZF, siempre que se localicen fuera de la GAM. El canon por pagar a PROCOMER será un porcentaje del valor de las ventas.

Segundo: deben ser empresas proveedores de insumos, incluidas las agrícolas, pecuarias y pesqueras, siempre que provean, de forma continua, al menos el 40% del valor total de sus ventas anuales a empresas manufactureras o procesadoras beneficiarias del RZF, localizadas dentro o fuera de la GAM. Así las cosas, por ejemplo, una empresa proveedora de cacao en grano, localizada en Talamanca podría devenir en proveedora de insumos bajo el RZF, siempre que venda el 40% de sus ventas anuales de cacao a una empresa agroindustrial localizada en una zona franca en Palmares o en Heredia, cuyo giro de negocio sea la manufactura de chocolates destinados a la exportación o al mercado local.

Tercero: se exigirá una inversión nueva en activos fijos de US$200.000 si la empresa se ubica fuera de un parque de zonas francas, en lugar del monto actual de US$500.000.

¿Qué pasaría entonces si se aprueban estas reformas?

Si ello ocurre, tendríamos:

1) Encadenamientos productivos con propósito. Se lograría que las empresas proveedoras de insumos se encadenen con empresas procesadoras de zona franca, impulsando la creación de empleo formal fuera de la GAM y contribuyendo al desarrollo de sectores históricamente aislados de las oportunidades y beneficios del RZF. Sin duda, esa propuesta fomentaría el crecimiento de actividades productivas identificadas en las diferentes regiones, particularmente, aquellas identificadas en el programa DESCUBRE, desarrollado por PROCOMER-MAG-COMEX, y fortalecería los esfuerzos de articulación y construcción de cadenas de valor agro productivas, así como una mayor participación del sector agrícola, pecuario y pesquero en la oferta exportable de cada región, de forma directa o indirecta.

2) Valor agregado. Se lograría avanzar en el cumplimiento de un mayor valor agregado en los productos de exportación debido a que las empresas proveedoras de insumos que estén interesadas en ingresar al RZF deben obligatoriamente suministrar sus productos a empresas procesadoras de zona franca.

3) Reactivación económica. No cabe duda que este proyecto es una pieza clave para la reactivación económica de las zonas rurales y costeras, al permitir como se dice popularmente “matar dos pájaros con un mismo tiro”, pues, por una parte se impulsaría de manera obligatoria los encadenamientos productivos entre empresas proveedoras de insumos localizadas fuera de la GAM y empresas procesadoras manufactureras del RZF, ubicadas dentro o fuera de la GAM, y, por otra parte, sería obligatorio que los productos en formas primarias (insumos) sean transformados en bienes procesados que, posteriormente, podrían ser vendidos al mercado local o exportados a mercados internacionales.

Este proyecto de ley abre una ventana de oportunidades para darle un nuevo impulso a nuestras zonas rurales y a los miles de costarricenses que trabajan la tierra o viven del mar. ¡Ojalá logremos aprovecharla mediante el apoyo del proyecto en la Asamblea Legislativa!

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