Paula Ruiz
El exdiputado Otto Guevara, presentó este viernes una medida cautelar provisionalísima en el Tribunal Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial de San José, para que de inmediato, se suspenda el acuerdo firmado entre sindicatos del sector salud y jerarcas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) del 12 de agosto.
Guevara explicó que, el documento fue recibido a las 2 p.m. de este viernes y que debían resolverlo a eso de las 4:30 p.m. Sin embargo, a su parecer, el hecho de no haber recibido respuesta en ese plazo, significa que su petición está siendo valorada con mucha seriedad.
El exlegislador, anunció que este lunes se podría emitir una resolución, ya sea acoger su petición, o bien, continuar con el trámite de medida cautelar. La solicitud la hizo como representante de la Asociación pro derechos de consumidores, contribuyentes, asegurados, administrados y propietarios (APRODECAP).
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En el acuerdo firmado a mediados de agosto, se busca dejar sin efecto algunas disposiciones establecidas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas vigentes desde el 5 de diciembre de 2018.
Entre ellas, las relacionadas con pluses salariales y el pago bisemanal.
“Las anteriores medidas cautelares solicitadas vienen a garantizar provisionalmente el objeto de este proceso y la efectividad de la sentencia final, restableciendo en la Caja la situación jurídica sustancial violentada por las acciones administrativas impugnadas, razón por la cual, debe prevenirse tanto al Presidente Ejecutivo, a la Junta Directiva de la Caja, así como al Poder Ejecutivo y/o cualquier representante o Ministros de Estado, a abstenerse de llevar a cabo cualquier tipo de conducta administrativa formal, tendiente a suscribir, firmar o promover cualquier forma de pago a los empleados de dicha institución que quebrante el ordenamiento jurídico administrativo vigente en materia de empleo público”, señala el documento emitido por Guevara.
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Demanda contra Macaya
El 21 de agosto, Guevara interpuso una demanda penal contra Román Macaya, presidente ejecutivo de la CCSS, tres gerentes de la institución, así como representantes sindicales, por el acuerdo firmado en febrero.
Ese documento, precisamente fue la base de lo que se firmó el 12 de agosto.
“Había presentado esta demanda penal por los delitos de incumplimiento de deberes y prevaricato. Básicamente decidieron qué aplicar y qué no (de la Ley de Fortalecimiento)”, subrayó.
Esta demanda, se suma a la planteada por el legislador independiente Erick Rodríguez y la de un grupo de empresarios, quien pidieron -de forma separada- a la Fiscalía, la apertura de una investigación contra el jerarca de la institución, por supuesto incumplimiento de deberes.
Por este acuerdo, Macaya deberá rendir cuentas ante los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público.
