Hermes Solano
El lunes en la Comisión de Financiamiento de Partidos Políticos, el Frente Amplio cuestionó el hecho de que Pilar Cisneros había leído solo una parte de una sentencia del Tribunal Supremo de Elecciones y omitió otra.
La diputada oficialista se fue ese día antes de tiempo de la sesión y no se refirió al tema.
Este martes, tras finalizar el Plenario, aseguró que ella no omitió ningún párrafo.
Al exponer la sentencia 2522-E8-2009 del TSE -que establecía que hay libertad para las donaciones privadas cuando las candidaturas no se han oficializado-, la legisladora oficialista no incluyó una salvedad que seguía en el texto.
El documento establecía que los recursos sí podrían analizarse si se usaron con fines partidarios.
“No obstante, en tanto no se hayan oficializado candidaturas o tendencias, no rige ni prohibición ni regulación alguna respecto de las contribuciones privadas que se hagan en favor de personas o grupos de personas con pretensiones políticas.
“Aunque estos sean conocidos aspirantes a cargos de elección popular dentro de un partido, con la salvedad de que esos grupos privados no sean utilizados como medios indirectos de financiamiento partidario”, dice todo el documento.
“No lo omití, a mí me interesaba destacar lo otro, que no había prohibición, aunque esa persona fuera conocido aspirante a la candidatura del partido”, respondió.
La diputada reiteró que “no hay una contradicción entre lo que yo dije y ese párrafo (que omitió)”.
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Sin nexo
La diputada reiteró que no hubo ningún nexo entre el fideicomiso “Costa Rica Próspera” y el partido.
Esto se investiga en el TSE y también en el Ministerio Público por la supuesta utilización de una estructura paralela en campaña.
“Costa Rica Próspera no tuvo ningún nexo con Progreso Social Democrático”, dijo, enviándole un mensaje al diputado Ariel Robles, del Frente Amplio, quien cuestionó la omisión del texto.
“Que me demuestre Ariel Robles que este fideicomiso tuvo un mínimo de nexo con el Partido Progreso Social Democrático”.
¿Conflicto de intereses?
Cisneros también defendió su presencia en la Comisión, luego de que el propio Robles pidiera a Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa definir si existe un posible conflicto de intereses.
Esto porque la diputada fue denunciada por una empresa que participó en una de las audiencias.
“El informe de Servicios Técnicos dice, en primer lugar, que es la diputada la que decide si hay o no conflicto de intereses y yo decido que no hay conflicto de intereses”, respondió.
Aseguró además que la empresa que la demandó, de nombre Madison y que estuvo a inicios de enero en la Comisión, dijo en la comparecencia que ella no había tenido nada que ver con el contrato y el pago.
“¿Dónde está mi involucramiento en el caso?”, se preguntó Cisneros, quien asegura que lo que buscan otros diputados es sacarla de la Comisión.
Esto dijo Servicios Técnicos en el informe:
“Por ello, no podría indicarse en términos generales que la participación de la diputada en la Comisión 23324 puede estar violentando el numeral 48 de la Ley de marras, sino solo en aquellos actos que estrictamente haya prevalencia de un interés particular sobre el interés general.
“En todo caso se reitera que si existiera un eventual conflicto de intereses, cualquier persona tendría la posibilidad de promover la acción penal con el fin de que se genere todo el proceso de levantamiento de inmunidad en los términos que indica la Constitución Política, el Código Procesal Penal y el RAL”.
