Paula Ruiz
El Poder Judicial explora la posibilidad de cobrar servicios brindados al sector privado que impliquen una saturación de sus departamentos.
Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, admitió que es una exploración debido al estado de las finanzas públicas.
Un ejemplo serían los cobros judiciales, que implican un beneficio solamente para la empresa que recuperaría de manera parcial o total los fondos pretendidos.
También estarían servicios como ejecuciones de contrato y temas civiles de mayor cuantía.
“Sí, es un tema a explorar porque a veces sería una visión distinta a la tradicional. Pero sí se puede, tenemos un proyecto pendiente para la jurisdicción de cobro porque nos descargaría mucho”, dijo Cruz.
Sus declaraciones las emitió este martes en la Comisión Legislativa de Asuntos Hacendarios donde defendió el Presupuesto de la entidad para el 2022 que asciende a ¢468.504 millones.
Actualmente, el Poder Judicial ofrece 169 tipos de servicios y resuelve 2.538 procesos diarios.
Un segundo intento
En 2019, el diputado Rodolfo Peña (q.e.p.d.) presentó el expediente 21.275 “Ley de Creación de una Tasa para el Mejoramiento de la Justicia Cobratoria”.
Esto buscaba un tributo cuyo hecho generador era la prestación de un servicio público individualizado que debía ser pagado por el acreedor.
No obstante, el proyecto se archivó después de que el sector bancario advirtió un aumento de entre 2% y 7% a clientes a quienes se les realice gestión de cobro ante los Tribunales de Justicia, por préstamo moroso.
Además, por la advertencia de posible inconstitucionalidad señalada por la Procuraduría General de la República (CGR) al atentar contra los artículos 41, 33 y 185 de la Constitución Política.
La oficialista Laura Guido, indicó que el Poder Ejecutivo volvió a presentar esta iniciativa que ya tiene la bendición del presidente de la Corte.
“No me cabe la menor duda que sería una ayuda importantísima porque permite que una actividad cobratoria que tiene vida económica, que no tiene contenido social excepto para deudores (…) sería importante por el peso de la jurisdicción cobratoria”, afirmó Cruz.
“El costo de financiación no sé por qué no podría venir de la propia actividad cobratoria, de los propios interesados en el tema que, probablemente malogró el primer proyecto”, concluyó.
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