Hermes Solano
La diputada del Partido Liberal Progresista (PLP), Kattia Cambronero, presentó un proyecto de ley con el que se busca facilitar el acceso al servicio de recarga para los vehículos eléctricos.
Lo hizo en el marco del Día Mundial de la Energía, en el que ingresó a la corriente legislativa el expediente 24.171, el cuál denominó “Fomento a la Infraestructura de Recarga Eléctrica y Estrategias para la Movilidad Sostenible”.
El objetivo del proyecto de ley es impulsar la ampliación de la red de recarga eléctrica nacional para dar soporte a la transición al transporte eléctrico.
“El crecimiento exponencial de los vehículos eléctricos en Costa Rica nos hace ver que los costarricenses están muy anuentes a hacer una modificación hacia una movilidad sostenible”, consideró la diputada liberal.
“Por lo tanto, se hace fundamental que la red de cargadores también avance a ese mismo ritmo”, argumentó.
Según datos del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), aportados por Cambronero en el texto de la iniciativa, hasta diciembre de 2023 existían alrededor de 12.302 vehículos eléctricos en el país.
Entre 2022 y 2023 hubo un incremento del 87%. Este número incluye automóviles, que son alrededor de 8.963, así como 1.243 motocicletas y 382 vehículos de trabajo. Se incluyen también 1.714 vehículos denominados especiales.
Pocos cargadores
El número de vehículos contrasta con la cantidad de cargadores rápidos que hay en el país, que según el mismo Minae, son de apenas 48, la mayoría de ellos del Instituto Costarricense de Electricidad.
En el Plan Nacional de Descarbonización se estableció que la meta para el 2022 era contar con 69 centros de recarga rápida.
Con el proyecto presentado por la legisladora se propone reformar los artículos 31 y 32 de Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico para autorizar a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, abonadas de las distribuidoras de electricidad, a que puedan desarrollar, operar y vender el servicio de recarga para vehículos eléctricos.
Actualmente la ley limita la implementación de los centros de recarga a las distribuidoras de electricidad.
