Paula Ruiz
El presidente del Banco Central de Costa Rica, Róger Madrigal sugirió a los diputados incluir sanciones en el proyecto de ley que busca eliminar billetes y monedas en servicios públicos.
Se trata del expediente 23.747 presentado por el Poder Ejecutivo a la corriente legislativa que implica reformar el artículo 46 de la Ley Orgánica del BCCR.
Según Madrigal, la iniciativa al no contemplar sanciones quedaría en “letra muerta”. Las declaraciones las hizo el miércoles de la semana pasada en la Asamblea Legislativa.
“El proyecto es omiso en sanciones, ¿Qué pasa si alguien no cumple? es letra muerta porque nada pasa si no se cumple”, expuso ante diputados de la Comisión de Asuntos Económicos donde se analiza el texto.
De esta manera, consideró que los legisladores deben de trabajar en sanciones con el cuidado y proporcionalidad requerida. Para ello, abogó porque muchos congresistas son abogados de profesión y tendrían mayor facilidad para esta labor.
El plan, firmado por el presidente de la República, Rodrigo Chaves y el ministro de Hacienda, Nogui Acosta busca incluir lo siguiente:
“Las instituciones del Estado y los prestatarios de servicios públicos deberán eliminar el uso de billetes y monedas en su operación con el propósito de adoptar únicamente medios de cobro y pago electrónicos, salvo en situaciones en las que se compruebe la existencia de una imposibilidad material del administrado, caso fortuito, fuerza mayor o emergencia nacional, que ameriten la recepción y el pago de dinero en efectivo”.
El presidente del Banco también consideró que deberían de delimitarse las instituciones públicas para las cuales aplicaría esta legislación.
Dijo que ya hay un Decreto Ejecutivo en esta línea, pero solo se han adscrito un 5% de las entidades públicas por lo que también, señaló que dejarlo a la voluntad, llevaría mucho tiempo.
¿Ahorro para consumidores?
Madrigal detalló que el uso de monedas y billetes es caro, dado que se dedica cerca del 1% del Producto Interno Bruto (PIB) a la movilización de los mismos.
Para él, el objetivo del Gobierno es coherente al promover medios electrónicos de pago que coinciden con una tendencia corroborable sobre avances tecnológicos y digitalización.
El diputado Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista consultó que si con la medida planteada por el Poder Ejecutivo se logra una disminución de costos para el consumidor.
“Uno quisiera que las ganancias y costos evitados se transmitan hacia las tarifas, los costos de intermediación, pero eso depende de la competencia, pero ahí no sería el banco diciendo bajen o suban esos costos”, respondió Madrigal.
Por su parte, la congresista Sofía Guillén dijo estar de acuerdo con que el prestatario del servicio otorgue las dos opciones de pago para los usuarios, tanto electrónico como dinero físico. No así, la obligación para los consumidores de que solo puedan optar por pago electrónico.
El banco señaló al respecto que tener las dos opciones, duplica los costos de administración.
Por otra parte, las legisladoras María Marta Carballo y Olga Morera externaron preocupaciones por aspectos como acceso a internet y la población adulta mayor.
Sobre el segundo punto, Carlos Melegatti, Director de la División de Sistemas de Pago del BCCR manifestó que de 540.000 adultos mayores, hay 350.000 bancarizados lo cual les permitiría hacer los pagos electrónicos como lo pretende el Gobierno.
Puso como ejemplo lo que se está trabajando en transporte público donde se está otorgando una tarjeta de débito a la población mayor de 65 años.
Esto, les permite utilizar la tarjeta en vez de la cédula de identidad y con ello, una trazabilidad que permitirá datos generales.
Asimismo, apuntó a que el 85% de la población mayor a 18 años está bancarizada lo cual se traduce en 3,4 millones de personas.
Plan a cinco años
La iniciativa tiene un transitorio en el que se explica que en un plazo máximo de cinco años, a partir de que entre en vigencia la reforma propuesta.
En ese período tanto las instituciones del Estado, así como los prestatarios de los servicios públicos deben haber eliminado el uso de billetes y monedas en sus operaciones.
A partir de ahí solo se utilizarán medios de cobro y pago electrónicos.
“Cada institución del Estado o prestador de un servicio público deberá habilitar un cronograma con las actividades. (También con) plazos, recursos y responsables de la ejecución de los trabajos pertinentes para atender la presente reforma”, indica el transitorio.
Deben informar al Banco Central sobre fechas, medios y demás de los avances alcanzados para la implementación del plan.
Parte de los motivos dados por el Gobierno para la presentación del proyecto son los altos costos de transacción que tienen los billetes y monedas.
“Lo anterior cuando se le compara con las alternativas de pago electrónicas basadas en el uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)”.
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