Paula Ruiz
El presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides, solicitó a la fiscala General, Emilia Navas, actuar de oficio contra trabajadores del sector salud, que se han sumado a la huelga durante esta semana.
A criterio del legislador, los huelguistas podrían estar cometiendo los delitos de:
- incumplimiento de deberes,
- omisión de auxilio
- y lesiones culposas.
La huelga en servicios hospitalarios está prohibida desde 1943 y se establece así en el Código de Trabajo, en los artículos 375 y 376.
En este último, específicamente se indica la prohibición para:
Los que desempeñen los trabajadores que sean absolutamente indispensables para mantener el funcionamiento de las empresas particulares que no puedan suspender sus servicios sin causar un daño grave o inmediato a la salud o a la economía públicas, como son las clínicas y hospitales, la higiene, el aseo y el alumbrado en las poblaciones.
Razón por la cual, para el diputado Benvides no hay razón alguna para que la Fiscalía se zafe de investigar al respecto.
“Hago un llamado respetuoso pero vehemente a la Fiscalía General de la República, a la señora Fiscala General, para que siendo el incumplimiento de deberes un delito de acción pública porque se trata de funcionarios obligados a trabajar, obligados por el Código de Trabajo”, advirtió en el Plenario.
La petición de Benavides se da un día después, de que la Fuerza Pública denunciara ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a funcionarios del sector salud, por los bloqueos que realizaron en la carretera General Cañas.
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Proyecto sobre huelgas
Precisamente Benavides lidera un proyecto de ley que busca brindar seguridad jurídica ante las huelgas, por casos como el que vive el país en este momento. Es decir pese a la prohibición de este tipo de movimientos en dicho sector, los trabajadores las realizan.
“A pesar de que lo son (ilegales) se han practicado porque el sistema ha sido alcahueta”, declaró el liberacionista.
También pretende establecer que, cuando una huelga es declarada ilegal, se le rebaje el salario de forma retroactiva a quienes participaron en el movimiento, entre otros aspectos.
Desde enero, una Comisión Especial se encarga de estudiar exclusivamente este proyecto de ley, que se tramita en el Congreso mediante el número 21.049.
Benavides detalló que el dictamen podría suceder este viernes, aunque todo dependerá de la votación de mociones.
Durante el último mes y medio, legisladores de este foro han sostenido encuentros con líderes sindicales del sector educación y salud para llegar a acuerdos.
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