Tomás Gómez
Las nuevas autoridades, tanto en Zapote como en la Asamblea Legislativa, descartan cualquier avance con el Acuerdo de Escazú.
El presidente entrante, Rodrigo Chaves, fustigó los portillos que abriría al proyecto, que a su criterio son improcedentes para el momento económico que vive el país.
“El Acuerdo de Escazú yo no lo veo. No creo que sea beneficioso para el país; todo lo que incluye ya está contemplado en nuestra legislación”, manifestó el martes.
“Me parece muy preocupante que en un momento en que necesitamos reactivación económica haya posibilidades en ese Acuerdo de atrasarla de manera injustificada y posiblemente arbitraria”, complementó.
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Chaves fue más allá y lanzó un mensaje directo a los sectores productivos para tomar distancia del tema.
“El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno”, alegó.
Desde la Asamblea Legislativa, por su parte, el rechazo también fue generalizado.
Con excepción del Frente Amplio, las otras cinco bancadas -que en conjunto suman 51 votos- señalaron una negativa al Acuerdo.
Advertencias sobre riesgos de Escazú
El Acuerdo de Escazú se presentó bajo el argumento de proteger ambientalistas y garantizar el acceso a información pública pero incluyó graves portillos contra la seguridad jurídica.
Diversos sectores económicos han advertido de los riesgos que acarrearía. Uno de los análisis más críticos lo publicó la Unión de Cámaras, para quienes se trata de un documento inconstitucional con falencias sintetizadas en cinco puntos:
- Carga de la prueba: se invierte el principio de inocencia. Ya no son los denunciantes quienes deben demostrar el daño sino los denunciados probar su inexistencia.
- Protección: se establecen medidas cautelares para los denunciantes sin margen para los acusados.
- Reiteración: no trae nuevos aportes a los derechos de acceso a la información o participación ciudadana.
- Intimidad: se amplía el acceso a los datos sin contemplar los derechos a la intimidad que destaca la Constitución.
- Falta de claridad: incluye referencias como “autoridad competente” que dejan abiertas las interpretaciones legales, pudiendo generar incluso la intervención de entes privados en las decisiones públicas.
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Los gremios de industria, alimentación, turismo, construcción, ganadería y exportación también advirtieron sobre los efectos negativos que tendría la normativa.
Incluso la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (AmCham) advirtió que el Acuerdo podría desalentar las inversiones estadounidenses, claves en la economía nacional.
El Poder Judicial también rechaza el Acuerdo de Escazú pues no hay recursos para las nuevas responsabilidades que le impone (Alonso Solano/ El Observador)
Costa Rica fuera del plan que vio nacer
El Acuerdo de Escazú fue impulsado por Costa Rica y Chile desde hace 4 años, pero ambos países ahora toman distancia.
El documento fue firmado por 24 naciones pero requiere de la ratificación legislativa.
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En el caso costarricense, los diputados lo ratificaron en primer debate pero la Sala Constitucional anuló el proceso por defectos formales. El trámite encalló desde el 2020 pero el Gobierno de Alvarado lo ha incluido varias veces en la agenda legislativa.
Incluso lo defendió en sus informes anuales al tiempo que atacó a los opositores.
“Esas advertencias creo que, en mi opinión, sobredimensionan algo que no está”, llegó a decir en noviembre pasado.
A semanas de irse, la vicepresidenta Epsy Campbell participó en foros internacionales sobre el Acuerdo de Escazú (Cortesía Cepal)
