Allan Arroyo
El noveno informe Estado de la Educación identifica cerca de 30 acuerdos nacionales que Costa Rica tomó referentes a educación y que no se están cumpliendo a cabalidad en diferentes áreas.
“Notamos un estancamiento y retrocesos en áreas clave como el ofrecimiento del currículo completo en las escuelas, la expansión de la educación técnica en secundaria y la implementación de pruebas de idoneidad para contratar docentes, lo cual profundiza las brechas educativas existentes y afecta las bases para superar la crisis actual”, comenta el especialista e investigador, Dagoberto Murillo.
La coordinadora del informe, Isabel Román, enfatizó que más allá de un gran acuerdo nacional en pro de la educación, como se ha planteado en el pasado, lo que se requiere es aplicar la legislación existente. Hizo un llamado a que los ciudadanos y entidades como la Defensoría de los Habitantes lo exijan.
Estos son algunos de los principales puntos:
Lejos del presupuesto
Una de las más notorias está relacionada al presupuesto. En ese 2023, las partidas para este fin fueron las más bajas en nueve años.
“Impacta fuertemente en las políticas que buscan la permanencia de poblaciones vulnerables en el sistema educativo, por ejemplo, mediante incentivos como becas, transporte o el servicio de comedor”,
Según la Contraloría General de la República, el monto destinado para este 2023 fue de 2.780 millones de colones (6% del Producto Interno Bruto), lo cual significa un decrecimiento del 1,2% con respecto al presupuesto inicial del 2022 y un incumplimiento constitucional de invertir el 8% del PIB en educación.
Otro dato es que la inversión social en educación por habitante cayó un 6,4% en el período 2017-2021, con un fuerte impacto en los Programas de Equidad, que incluyen becas, transporte y alimentación para que los estudiantes de menos ingresos familiares se mantengan en las aulas.
“En 2015, el país invirtió 181 mil millones de colones en programas de equidad; en 2019, alcanzó su punto más alto, 268 mil millones; y, actualmente, el monto estimado es de 197 mil millones. Es decir, en cuatro años estos programas habrían perdido cerca de una cuarta parte de su poder adquisitivo”, puntualiza el investigador.
La falta de recursos, dice el documento, podría tener un impacto en el desarrollo económico y social. Se estima que el 40% de la población estudiantil está en niveles de pobreza, por lo que son los más afectados.
El llamado es al crecimiento paulatino del presupuesto para educación, con especial énfasis en la ayuda social a quienes lo necesitan.
Impacto a los docentes
El Informe 2023 también advierte del impacto económico a los docentes, por ejemplo, con el congelamiento de salarios y medidas restrictivas de presupuesto.
También el impacto en la capacitación para los educadores. El presupuesto para el desarrollo docente cayó drásticamente entre 2019 y 2023, ya que pasó de, aproximadamente, 4.100 millones de colones a 551 millones respectivamente.
También, se ha reducido en un 63% la cantidad de cursos y en un 78% la cantidad de talleres disponibles para el personal del Ministerio de Educación Pública (MEP) durante el periodo 2019-2022.
Otro elemento que advierte el informe es la directriz del MEP de que los profesores no pueden ser capacitados en horario de trabajo, pero tampoco tienen la obligación de asistir en su tiempo libre.
“El desarrollo profesional docente en el sistema educativo es un desafío permanente para el MEP y es un elemento fundamental para garantizar la educación de calidad. Especialmente después de la pandemia, es necesario atender los rezagos estudiantiles en aprendizajes y habilidades básicas”, comenta el investigador.
Escuelas incompletas
Para el 2022, menos del 10% de los centros educativos ofrecían todas las lecciones completas a sus estudiantes. Es decir, solo 317 de 3.687 en todo el país.
Por el currículo completo se entienden las asignaturas básicas (Español, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales) y las complementarias o llamadas especiales (Música, Hogar o Artes Industriales, Religión, Artes Plásticas, Educación Física, Informática y un segundo idioma, usualmente Inglés).
Las escuelas de baja cobertura predominan fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM) y las escuelas de cobertura alta están mayoritariamente en la GAM.
Las de baja cobertura están en mayor proporción en la Zona Norte-Norte (66%), Grande de Térraba (70%) y Sulá (90%), mientras que las de alta cobertura están en Heredia (49%), San José Norte (47.8%) y San José Oeste (46.7%).
En 1997 se estableció como meta que en diez años, todo el programa estaría disponible para todo el país. Al ritmo actual se tardaría seis décadas, calcula el informe.
“La universalización quedaría para muy entrado el siglo que viene. Claramente, esta es una tarea impostergable, no solo para disminuir las desigualdades dentro del sistema educativo, sino para construir bases sólidas de los aprendizajes”, sostiene el investigador Murillo.
Colegios técnicos estancados
El informe advierte del poco avance de las carreras técnicas en el sistema educativo del MEP. En 2019, se aprobó la Ley de Educación Dual, pero el año pasado tenía un avance mínimo o poco significativo, cita el informe.
Otros datos aportados son:
- El país se mantiene estancado con solo 135 colegios técnicos profesionales.
- De 2014 a 2023, solo se crearon dos nuevos centros de este tipo en todo el país.
- La matrícula es cercana al 30%, aunque en el Gobierno anterior se tenía como meta subir al 40%.
Este contexto se da en momentos en los que el sector laboral tiene una mayor demanda de especialistas técnicos.
“En el 2016, distintas entidades del sector público, entre ellas el MEP y el INA, y del sector privado unieron esfuerzos para crear el Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación Técnica y la Formación Profesional. Actualmente, este Marco cuenta con 256 programas en más de 82 entidades. Por lo tanto, lograr avances es posible”, recalca el experto.
En el informe se reitera que la educación técnica es fundamental para el desarrollo del país, ya que ofrece a la población joven una alternativa para continuar estudios universitarios en sus áreas de interés, lo cual tiene el potencial de incrementar los niveles de calificación y productividad de la fuerza laboral.
Pruebas pendientes
El informe Estado de la Educación también puntualiza que desde el 2022, los planes para aplicar las pruebas de idoneidad a los educadores se paralizaron.
Lo que se pretendía desde el año 2020 es calificar a los profesores según sus conocimientos y capacidades antes de obtener un contrato laboral con el Ministerio de Educación.
Para los expertos, esta sería una garantía para mejorar el nivel, ante las pocas carreras de enseñanza y educación acreditadas.
Dagoberto Murillo, investigador del informe, pone como ejemplo lo hecho en otros países.
“Este asunto no es nuevo, ya en el 2017 la OCDE señaló que consolidar la profesión docente de alta calidad en Costa Rica es uno de los desafíos más importantes de nuestra educación básica. Países como Chile o Alemania ya aplican pruebas de idoneidad como una buena práctica”, reafirma.
