Juan Pablo Arias
La pretensión del Banco Central de obtener datos integrales de todas las operaciones de crédito, incluyendo el número de identificación de cada deudor, genera críticas y oposición de diversos sectores y analistas.
Las reacciones se dan luego de trascender una denuncia penal que interpuso la gerente del Banco Central, Hazel Valverde, en contra de Rocío Aguilar, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), por la negativa de esta institución supervisora a proveer acceso a datos que considera confidenciales.
La principal crítica hacia el Banco Central es que no da suficientes explicaciones sobre el uso o la necesidad de contar con información pormenorizada de los ciudadanos.
La primera crítica provino del sector bancario. La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) acuerpó el argumento de la Sugef de que se trata de información confidencial que no debe ser compartida, pues no es necesaria para la generación de estadísticas o cifras agregadas.
“No hay una necesidad estadística que justifique la violación de la confidencialidad de la información”, indicó el sector en un comunicado.
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“No se observa justificación”
El sector empresarial, representado por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), también externó su preocupación con respecto al requerimiento de información personal que hace el Banco Central.
“La información solicitada es contraria a la Ley y no se observa la existencia de una justificación o criterios técnicos para contar con dicha información de forma detallada y centralizada. Además, preocupa profundamente el almacenamiento, procesamiento y potencial uso que se pudiera estar considerando para esta información sensible”, indicó la agrupación en un comunicado.
Los empresarios también apoyan la posición señalada por la Sugef, de que debe protegerse la confidencialidad de la información, los documentos y las operaciones de las entidades supervisadas.
“El nivel de detalle requerido por el Banco Central, expone abiertamente el perfil crediticio de todos los costarricenses y las empresas. Es información de carácter muy sensible para los verdaderos dueños de la misma, es decir, los usuarios del sistema financiero”, resaltó Uccaep.
En opinión de los empresarios, la pretensión excede lo establecido en el artículo 14 de la Ley del Banco Central de Costa Rica y es contraria a la Constitución Política.
“Surge la seria duda de cuál es el objetivo y uso real que pretende realizar el BCCR con los datos de identificación y el perfil crediticio de los costarricenses”
Voces en contra
En la Asamblea Legislativa, la pretensión del Banco Central también recibe fuertes críticas.
Los diputados Eli Feinzaig, del Partido Liberal Progresista y Daniela Rojas, del Partido Unidad Social Cristiana, fueron los primeros en posicionar sus voces en contra.
“Me cuesta entender por qué el Banco Central o su junta directiva necesitarían los datos personalizados de deudores, siendo que para la dirección de la política pública lo que se necesita son datos agregados, despersonalizados. En ese sentido creo que la Superintendencia hace una defensa de la privacidad de los datos de los costarricenses, cosa que para nosotros es de vital importancia”, dijo Feinzaig.
“Coincido con la superintendenta en cuanto a que el Banco Central parece haberse precipitado al no esperar la respuesta de la Procuraduría General de la República”, agregó el diputado.
Rojas, por su parte, calificó como “vergonzoso y delicado” el accionar del Banco Central de Costa Rica.
“La información solicitada es confidencial, en relación a las operaciones de crédito. De suministrarse esta información, se estaría violentando la normativa de la Sugef y la ley de Protección de Datos Personales”, indicó.
La socialcristiana opinó que información crediticia no puede ser expuesta sin consentimiento informado y lo que está haciendo el Banco Central es querer acceder a información que no es pública.
“Esta actuación tiene ánimo de control e invasión de la privacidad. Si se requiere información para generar estadísticas económicas se hace de otra forma, no irrespetando la privacidad de las personas. Y siguiendo el debido proceso para eso, no de forma intimidatoria. Estaré muy vigilante del desenlace de esta inaceptable situación”, dijo.
Para el economista Gerardo Corrales, especialista en el sector bancario, la Superintendencia tiene motivos para negar la individualización de la información de los deudores.
“No creo que el Banco Central lleve la razón, porque su función es de ente rector del sistema, pero a nivel agregado, como encargado de la política monetaria y cambiaria. Pero no veo al Banco Central recibiendo información individual con nombres, apellidos y saldos; información que es confidencial y que es entregada para propósitos de crédito en los bancos y para efectos de supervisión de Sugef”, opinó.
Con respecto a la demanda contra Rocío Aguilar, Corrales consideró que una denuncia penal para la superintendente está “fuera de toda racionalidad” cuando se trata de un conflicto meramente de interpretaciones legales.
