Juan Pablo Arias
La Asociación Bancaria Costarricense acuerpa la posición de Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) de mantener confidencialidad sobre los datos de los deudores.
La tarde del jueves trascendió que la superintendente Rocío Aguilar fue denunciada penalmente por la gerente del Banco Central de Costa Rica, Hazel Valverde, por la renuencia de la Sugef a dar acceso a datos integrales de todas las operaciones de crédito, incluyendo el número de identificación de cada deudor.
Sugef considera que la información solicitada por el Banco Central corresponde a datos privados y confidenciales de los clientes.
En un comunicado, la Asociación Bancaria indicó que “respalda firmemente” dicho criterio de la Sugef, que se ampara en el dictamen del Departamento Legal de la Sugef y la Procuraduría General de la República, así como por los artículos 24 de la Constitución Política, y 132 y 133 de la Ley Orgánica del Banco Central.
El artículo 24 constitucional garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones: “Son inviolables los documentos privados y las comunicaciones escritas, orales o de cualquier otro tipo de los habitantes de la República. Mientras la Ley Orgánica del Banco Central indica explícitamente prohibiciones al Superintendente, al Intendente, a los miembros del Consejo Directivo, a los empleados, asesores y a cualquier otra persona, física o jurídica, que preste servicios a la Superintendencia en la regularización o fiscalización de las entidades financieras, para dar a conocer información relacionada con los documentos, informes u operaciones de las entidades fiscalizadas.
“Estos artículos establecen de manera categórica que la información privada de los costarricenses respecto a sus operaciones bancarias y situación patrimonial es confidencial y no puede ser compartida sin consentimiento informado, orden judicial o norma especial” aseveró Mario Gómez, asesor legal de la ABC.
Añadió que, aunque el Banco Central necesita datos para generar estadísticas económicas, debería utilizar información agregada y anónima, que respete la privacidad e intimidad de las personas.
“No hay una necesidad estadística que justifique la violación de la confidencialidad de la información”, indicó en el comunicado.
La ABC también cuestiona un reciente requerimiento de información confidencial del Banco Central para identificar quienes realizan transacciones de compra y venta de divisas, sin justificar el propósito de esa solicitud.
Según Gómez, la situación que está provocando el Banco Central con ese tipo de requerimientos y las vías legales que acciona para obtenerlas, genera una seria y profunda preocupación; siendo lo procedente utilizar otras vías del ordenamiento jurídico para aclarar cualquier diferencia de criterio o resolver conflictos de competencia entre entes de la administración pública.
“Sin lugar a dudas, la ruta seleccionada por la Autoridad Monetaria afecta la imagen y credibilidad de los órganos que regulan el Sistema Financiero Nacional y del propio Banco Central”, comentó.
A través de su oficina de prensa, el Banco Central indicó la noche del jueves que de momento no se referirá al proceso penal que inició contra la superintendente Aguilar.
