Mariana Mena
El proceso de sanción contra funcionarios por la compra irregular de mascarillas en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) no ha concluido.
Según informó la asesoría legal de la secretaria de junta directiva de la CCSS tras la consulta de El Observador, el proceso está en etapa de revisión.
“Tengo entendido que el expediente aún no ha concluido porque está en la etapa de revisión por parte de los órganos bipartitos y paritarios, por tal motivo, se mantiene protegido por el principio de confidencialidad”, indicó la institución.
Desde el pasado 14 de junio, la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, afirmó que ese día la junta aplicó la sanción máxima contra varios funcionarios por irregularidades en la compra.
“Son muchos procedimientos, pero este es uno de ellos y yo consultaba qué hace cuánto la junta no despide a nadie y no me pudieron dar el dato, pero creo que son muchos años que a la fecha no se han tomado decisiones fuertes para castigar las irregularidades en todas las instancias, pero las compras son un festín en la Caja Costarricense de Seguro Social”, dijo en ese momento la jerarca.
A cuatro meses del anuncio, la situación no se resuelve y se desconoce cuántos son los funcionarios que pueden ser despedidos.
Otras denuncias
El anuncio de Esquivel se hizo durante la misma conferencia de prensa, en Casa Presidencial, donde se anunció supuestas irregularidades a lo interno de la institución.
Asimismo en junio, la presidenta ejecutiva fue a la Fiscalía General de la República para presentar denuncias contra los miembros de las juntas directivas desde el 2006 hasta setiembre del 2022.
“Apenas yo tenga la posibilidad jurídica de darles la información, se las daré. El problema es que hay que agotar recursos y adicionalmente, a lo interno, hay otros procedimientos. (…) Cuando yo tenga la posibilidad de darles la información créanme que seré la primera en hacérselas llegar”, mencionó una semana después del anuncio.
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Presidente Rodrigo Chaves y Marta Esquivel entregaron documentos a la fiscalía por las denuncias. (Cortesía Casa Presidencial)
Investigación
A raíz de la pandemia de covid-19, la CCSS se vio en la obligación de comprar cubrebocas en grandes cantidades.
A mediados de agosto de 2020, se revelaron supuestas irregularidades por la compra de mascarillas a proveedores sin experiencia y cuyas especificaciones de calidad no se habrían cumplido.
En aquella fecha se conoció que Miren Martínez, representante de la empresa MR Comunicaciones Políticas, le propuso al gerente de Logística recurrir a supuestos contactos suyos en China para valorar una donación de equipo personal antes de adjudicarse la compra de 5 millones de unidades con un valor de $1,9 millones.
Posteriormente, a ella se le adjudicó la compra de 12 millones de mascarillas por $4 millones.
En el caso de Martínez, logró esa adjudicación pese a tener una deuda por morosidad con la Caja. Sobre la entrega del material, Martínez no entregó ninguna de los 5 millones de tapabocas que prometió, al aducir “un bloqueo en España” debido a un decreto de ese país sobre vuelos provenientes de Asia.
Además en febrero de 2023, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó allanamientos en las oficinas en el Edificio Océano, en la Gerencia en Centro Corporativo en Dos Bosco, y casas de algunos funcionarios.
Estas diligencias se realizaron por dichas compras realizadas hacía dos años y medio desde los allanamientos.
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