Paula Ruiz
La Procuraduría de la Ética Pública (PEP), interpuso escritos de querella y acción civil resarcitoria en el proceso que se sigue contra Jeffry Montoya, alcalde de Pérez Zeledón.
Esto, ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción donde se sigue una investigación en su contra mediante el número de expediente 21-000011-1773-PE.
Dicha investigación se relaciona con el supuesto nombramiento irregular de su pareja sentimental de apellidos Mena Fernández en la Municipalidad de Pérez Zeledón, razón por la cual se le achaca el supuesto delito de nepotismo y conflicto de intereses.
Inicialmente, ella fungía como cajera y luego pasó a ser secretaria del alcalde tras el inicio de la relación sentimental. Luego, ascendió a coordinadora de actividades sin cumplir con la idoneidad para el puesto, según se indicó en la denuncia interpuesta ante la Procuraduría en 2021.
El trámite efectuado este martes por la PEP, en representación del Estado en su condición de víctima, plantea un resarcimiento del daño social ocasionado por ¢5 millones, además del pago de intereses, indexación y las costas del proceso.
“El siguiente paso en el proceso, consiste en que la Fiscalía ponga en conocimiento del imputado la querella formulada por la Procuraduría y dé traslado de la acción civil resarcitoria al demandado civil”, explicó el ente procurador.
El expediente deberá trasladarse al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, en el Segundo Circuito Judicial de San José, para señalar la Audiencia Preliminar, en la cual, según el Código Procesal Penal, se analizará la posibilidad de aplicar salidas alternas al proceso, el procedimiento especial abreviado o en su defecto, realizar el examen de la acusación, querella y acción civil para determinar si se eleva el caso para ser conocido en un juicio oral y público, detalló la Procuraduría.
Desde 2021
Tras una investigación administrativa, la PEP interpuso la denuncia penal ante la Fiscalía desde el 29 de octubre de 2021.
La Procuraduría estima que debido al supuesto nombramiento irregular, Montoya habría incurrido en los delitos de Legislación o Administración en Provecho Propio previsto en la Ley Contra la Corrupción (Ley 8422) y el delito de Incumplimiento de Deberes sancionado en el Código Penal.
El primero de ellos establece prisión de uno a ocho años contra el funcionario público que realice actos administrativos que otorguen beneficios para sí mismo o para su cónyuge o conviviente y otros familiares.
Mientras que por incumplimiento de deberes se establece una inhabilitación para ocupar cargos públicos entre uno y cuatro años.
Montoya es alcalde en ese cantón josefino desde 2016 con el Partido Unidad Social Cristiana y no podrá reelegirse debido a la Ley que limita la reelección indefinida en estos puestos municipales.
OBSERVE MÁS: Procuraduría se sumó a fiscalía en caso Gallo Tapado por sustracción de dinero del Banco Nacional
