Paula Ruiz
La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) informó que se apersonó en el proceso penal que se sigue en el Ministerio Público, relacionado all caso “Gallo Tapado”.
Estos hechos se investigan bajo el número de expediente 23-369-1218-PE y se abrió luego de revelarse la sustracción de ¢3.200 millones de una de las bóvedas del Banco Nacional.
“Al estar vinculados funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, en aparente violación al deber de probidad, colaboraremos con el Ministerio Público en procura de sentar la responsabilidad penal, así como la responsabilidad civil por el daño social que se haya generado con ocasión de estos hechos”, informó la PEP.
En este momento, este jueves se realiza la audiencia de medidas cautelares contra siete personas (ocho detenidos este miércoles y una citada para esa diligencia), según informó la Fiscalía Anticorrupción.
En primera instancia, se dejó en libertad a dos personas sin necesidad del cumplimiento de medidas cautelares “por tener -hasta este momento- menor participación en los hechos investigados”, detalló el Ministerio Público.
Se trata de un hombre de apellidos Bolaños Zúñiga quien labora como oficial de seguridad en la entidad financiera y otra persona de apellidos Herrera Cantillo que desempeña funciones en la Dirección Jurídica del Banco.
El resto de personas imputadas se encuentra a la orden del Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, a la espera de que se defina su situación jurídica.
Aunque el inicio de las audiencias estaba prevista para las 10 a.m., se postergó para la 1:30 p.m. debido a la falta de custodios para su desarrollo.
Para gastar en lotería
En “Gallo Tapado”, la investigación se centra en un hombre de apellido Olivas quien tomaba el dinero aprovechando un punto ciego de la cámara de seguridad.
De ahí la ponía en sobres manila y lograba sacarla sin vigilancia. Por ello se analiza también el rol activo o pasivo que debieron tener los otros funcionarios encargados de la seguridad.
Las pruebas de momento se centran en 10 videos que registraron la salida de sobres, sin embargo, el Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía alertaron que se guardan los archivos por 45 días, lo que complicaría las investigaciones.
El individuo gastaba el dinero en la compra de lotería y juegos de azar, con transacciones que comenzaron en los ¢100.000 diarios, para luego ascender a montos de hasta ¢3 millones en un mismo día.
Así lo determinan las investigaciones preliminares llevadas a cabo por la Fiscalía General de la República y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
El presunto destino de los recursos es el que da nombre a la operación de investigación, denominada “Gallo Tapado”.
Según la investigación, el sospechoso adquiría todo tipo de “juegos de azar relacionados con la lotería”.
Randall Zúñiga, Director de OIJ detalló que los funcionarios no tenían altos salarios como para justificar algunos de sus gastos. Por ejemplo, a otro de los investigados se le halló una propiedad de 22.000 metros cuadrados. En su caso, él se acogió a su pensión al día siguiente de la auditoría que determinó el faltante.
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