Tomás Gómez
La polémica por la “Ruta del Arroz” que promueve el Gobierno sigue abierta y uno de sus escenarios son los estrados judiciales. Este miércoles los productores presentaron una tercera acción contra el plan gubernamental pues adelantan estar en una situación grave.
El abogado del grupo, José Alejandro Jiménez, explicó que a inicios de octubre se presentó una primera demanda por parte de la Corporación Arrocera Nacional. Esta es contra los decretos principales de la “Ruta del Arroz”.
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Semanas después un grupo de arroceros de Guanacaste y ahora fue el turno de los productores de Pacífico Central, Parrita y Región Brunca.
“Es en términos muy similares, es para buscar la suspensión y la eliminación de los decretos principales”, detalló el jurista. La queja abarca tanto la eliminación del precio del arroz y la disminución arancelaria.
En el caso de Conarroz se pidió un trámite especial para disminuir las etapas. En el caso de los productores, presentaron una petición de medidas cautelares.
Lo que alegan los productores
Según detalla el grupo reclamante, el decreto de reducción de aranceles tiene errores que anulan.
El abogado analiza que existen problemas como “desviación de poder, falta de motivación del acto e inexistencia de motivo legal o motivo de hecho como para haber emprendido una medida tan drástica”.
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A esos problemas legales suman la afectación económica en los productores.
De hecho, parte de la medida cautelar que pretenden es que congele el decreto hasta que haya una sentencia definitiva.
“Ruta del arroz” y de la polémica
Desde campaña, uno de los temas centrales del discurso de Rodrigo Chaves era la intervención en los precios del arroz. Para ello se aunciaron medidas como bajar el precio mínimo, permitir la fortificación del grano en el país y reducir aranceles -del 36% a un 3,5% y 4%-.
El plan ha generado diversas alertas en los sectores productivos por las consecuencias a nivel local.
Entes como la Cámara Nacional de Agricultura y de Agroindustria (CNAA) y la Unión de Pequeños Productores Agropecuarios Costarricenses (Upanacional) denunciaron en su momento que las reformas se hicieron sin consulta previa a los productores del país.
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Los arroceros suman que al paso actual la afectación será nefasta.
Alegan que para el año arrocero 2022/2023 (que va del 01 de julio 2022 al 30 junio 2023), proyectan una producción menor a las 20,000 hectáreas; a diferencia del periodo 2021/2022 en el que se llegó a cultivar un total de 35,317 hectáreas.
“Se trata de una caída histórica en la actividad arrocera nacional que ronda el 43% de un periodo a otro”, puntualizaron.
A eso suman que tras el decreto de precios los precios promedio por saco pasaron de 27.253 a 22.000 en promedio. La situación se agrava pues según ellos los costos de producción van en aumento.
