Hermes Solano
La fracción del Frente Amplio, a través del diputado Antonio Ortega, presentó un proyecto de ley que busca reformar el Código Penal para hacer responsables a organizaciones que silencien u oculten delitos sexuales de sus integrantes, principalmente contra personas menores de edad.
Se trata del expediente 23.928, en la que se busca una adición de un inciso 6 al artículo 106 del Código Penal y una reforma al artículo 206 del mismo código.
El primero propone precisar la responsabilidad solidaria de diferentes tipos de organizaciones a denunciar casos delitos sexuales y asumir en situaciones específicas los costes de un proceso judicial.
Por su parte, el segundo pretende “liberar del deber de abstención a ministros religiosos, cuando la persona interesada les exima del deber de guardar secreto, tal y como ya ocurre con otras profesiones donde existe ese deber”.
Esto tendría que ver con el secreto de confesión de la Iglesia Católica, el que deben guardar los sacerdotes cuando las personas confiesan sus pecados.
El texto de ley propone que se establezca la obligación de denunciar a:
“Quienes desempeñen cargos de autoridad y representación en organizaciones que prestan servicios comunitarios, sociales, religiosos o deportivos, que hubieran identificado indicios de delitos sexuales en perjuicio de persona menor de edad o mayor con discapacidad cognoscitiva o volitiva, deberán plantear la denuncia penal de manera inmediata”.
El proyecto se presentó el lunes y cuenta con las firmas de toda la fracción del Frente Amplio, así como de las diputadas del PLN: Montserrat Ruiz, Andrea Álvarez y Rosaura Méndez.
También lo firmaron Kattia Cambronero y Jorge Dengo del PLP y los oficialistas Manuel Morales y Luz Mary Alpízar.
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Cerrar vacíos
Para el legislador Ortega, lo que se busca es que se cierren vacíos legales y de esa manera la víctima se siente protegida y segura a la hora de denunciar algún delito sexual.
“Con este proyecto lo que queremos es cerrar los vacíos legales que hoy permiten la existencia de reductos de impunidad en caso de delitos sexuales, en beneficio de unos grupos particulares”, afirmó el diputado.
Recalcó que muchos de estos delitos sexuales “se dan en ámbitos de confianza, sin dejar marcas físicas y causando temor o vergüenza en la víctima, lo que dificulta que la persona denuncie”.
Datos presentados por la banca frenteamplista señalaron que el Poder Judicial reportó en 2019 7.237 personas ofendidas por el delito de abusos sexuales contra menor de edad.
La autoridad judicial indicó que el 64% de los casos se desestiman y un 17% se sobresee. De lo que entra a los juzgados y tribunales, el 39% se absuelve o sobresee y más de un 40% se condena.
La iniciativa de ley presentada también establece el deber de la Fiscalía de tomar en cuenta los protocolos del PANI y el MEP antes de sobreseer cualquier caso.
¿Qué dice la iglesia?
“La legislación de la iglesia en el Código de Derecho Canónico, canon 983, establece que “el sigilo sacramental es inviolable; por lo cual, está terminantemente prohibido al confesor descubrir al penitente, de palabra o de cualquier otro modo, y por ningún motivo”, fue parte de la respuesta de la Conferencian Episcopal.
Consideran que forzar a acabar con el sigilo es violar la libertad religiosa.
“Pensamos que “cualquier acción política o iniciativa legislativa encaminada a “forzar” la inviolabilidad del sigilo sacramental constituiría una violación de la libertad religiosa, que es jurídicamente fundamental para cualquier otra libertad, incluida la libertad de conciencia de los ciudadanos”, señalaron.
Consideran, eso sí, que esa defensa del secreto de confesión “no pueden constituir nunca alguna forma de connivencia con el mal, al contrario, representan el único antídoto verdadero contra el mal que amenaza al hombre y al mundo entero”.
Por último, aseguraron que ellos, como Iglesia Católica están dispuestos a colaborar con las instituciones civiles en busca de justicia, sobre todo en delitos como abusos y que ellos tienen la responsabilidad, como toda la sociedad, de acabar con ese flagelo.
“Acorde con las nuevas normas y el proceder de la Iglesia Universal, en nuestra Iglesia se instaló, hace varios años ya, la Comisión Nacional de Protección de Menores y Adultos en Vulnerabilidad, desde la cual se promueven acciones a nivel diocesano y nacional para sensibilizar, formar y prevenir a todos los miembros de la Iglesia en el tema de los abusos sexuales”, finalizó.
