Hermes Solano
El expediente 24.019 denominado “Ley de Ejecución de la Pena” está en discusión en la Comisión de Asuntos Jurídicos, que este martes recibió en audiencia a la magistrada Patricia Solano, así como a los ministros de Seguridad y Justicia, Mario Zamora y Gerald Campos, respectivamente.
La iniciativa es del Poder Judicial y genera diferencias entre lo que busca la Corte Suprema de Justicia y el criterio que tienen los entes de seguridad del Ejecutivo, principalmente el ministerio de Justicia, ente encargado del Sistema Penitenciario Nacional.
Ante esto, surgió la alternativa de generar una mesa de trabajo para analizar la propuesta y además, tomar en cuenta también el proyecto presentado por el Ejecutivo sobre reforma del sistema penitenciario.
“Este proyecto es mejor de los que se han planteado, establece los procedimientos para que las diferentes partes puedan actuar, fijan plazos de resolución de los jueces, que actualmente no existen”, dijo la magistrada, presidenta de la Sala Tercera.
“Cuando vemos este proyecto sobre las competencias, se las da a Justicia para administrarlo y también asegurar el contenido presupuestario, lo que me parece difícil porque el sistema penitenciario colapsó”, respondió por su parte el jerarca Campos.
El ministro añadió que en el proyecto tampoco se establece con claridad quien tomaría las decisiones finales.
“Cuando se tiene dos gallos en un mismo gallinero con las mismas potestades van a haber conflictos”, consideró el ministro.
Ante esto, los diputados de la comisión estuvieron de acuerdo en generar la mesa de trabajo para encontrar un punto medio y generar un texto de consenso que se pueda aprobar.
Los alcances
Según el expediente que está en la corriente legislativa desde octubre del año anterior, la materia de ejecución de la pena debe regularse formalmente por medio de una ley.
Eso constituye una garantía para la persona condenada de que la ejecución de su pena se va a hacer mediante un marco normativo técnico, con órganos lo suficientemente independientes para aplicar medidas técnicas y objetivas.
“Es decir, el objetivo final de la ejecución de la pena debe ser el de insertar a la persona sancionada a la sociedad civil de la manera más efectiva posible”, dice el texto.
El proyecto de ley presentado incluye los siguientes aspectos:
-Define los principios rectores presentes de forma transversal en las actuaciones de la fase de ejecución de la pena.
-Describe derechos y deberes de las personas sentenciadas, lo que da un marco de seguridad jurídica.
-Desarrollo de las funciones del Sistema Penitenciario Nacional como dependencia del Ministerio de Justicia y Paz, a cargo de las labores de control y vigilancia para la efectiva ejecución de la sanción penal.
-Se regula un procedimiento incidental que pueda responder a las diversas gestiones y peticiones de las partes, así como las funciones de vigilancia que, sobre la actividad penitenciaria, deben cumplir las personas juzgadoras.
En las mesas de trabajo estarían representantes del Poder Judicial como del Ministerio de Justicia, así como los diputados de la Comisión de Jurídicos, de Seguridad y Narcotráfico e invitarían a la presidenta de Hacendarios, Paulina Ramírez.
