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Proyecto para emitir eurobonos superó 25 mociones y ahora será sometido a intenso debate

La Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa culminó el martes el primer periodo de mociones al proyecto de…

Por Paula Ruiz

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Proyecto para emitir eurobonos superó 25 mociones y ahora será sometido a intenso debate
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La Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa culminó el martes el primer periodo de mociones al proyecto de ley para emitir bonos de deuda externa o eurobonos. Ello implicó la votación de 25 enmiendas, las cuales fueron todas rechazadas.

Ahora, el plan debe volver al Plenario legislativo para habilitar un segundo periodo de presentación de mociones.

Los diputados que integran la Comisión tienen la expectativa de lograr un consenso para la implementación de controles en el uso de los recursos, así como un monto que la mayoría apruebe.

De momento, cuatro integrantes de la Comisión están en favor de $3.000 millones, pero cinco prefieren $6.000 millones, siendo este el monto solicitado por el Gobierno.

Aunque estos últimos son mayoría en el panel legislativo, cabe la posibilidad de que no existan los votos necesarios en el Plenario para autorizar dicho monto, dado que se requiere el respaldo mínimo de 38 legisladores al momento de la votación.

María Marta Carballo, diputada socialcristiana, es una de las que conforman el bloque de cinco congresistas que respaldan los $6.000 millones.

Apuntó a que su decisión con respecto a la cantidad se mantiene, pero está anuente a afinar la propuesta relacionada con la implementación de escáneres en aduanas.

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Carballo reconoció que con afinar se refiere a “cronogramas más que todo, porque está muy abierto y recordemos que son varias colocaciones, sí estoy anuente a que pase de ser una meta a un requisito y construir”.

En esta misma línea, está Olga Morera, congresista de Nueva República. Ella también afirmó que su bancada se mantiene en respaldo por los $6.000 millones y a la vez, se sumó a que cabe la posibilidad de afinar una moción relacionada con los escáneres.

“Ya los escáneres están en los dos textos, pero el objetivo es ver la planificación de Hacienda para precisar el tiempo en cuanto tiempo estarían implementando es viable reforzar los indicadores, es totalmente construible”, aceptó la neorepublicana.

¿$4.500 millones?

Vanessa Castro, diputada socialcristiana preside la comisión legislativa donde se analizan los eurobonos y es una de los dos congresistas del PUSC que se desligaron de la posición de los restantes siete compañeros de la misma bancada.

Fue clara en que no existe posibilidad de apoyar los $6.000 millones al igual que este grupo de rojiazules.

Por lo tanto, apuntó a la posibilidad de negociar sobre otro monto que sirva como punto de equilibrio entre los $3.000 millones y los $6.000 millones.

Aceptó que podría ser que el monto sea de $4.500 millones.

“En este momento ya no hay posibilidad de los $6.000 (millones) porque yo trataría la posibilidad de construir un acuerdo de 38 (votos) para que sea posible (su aprobación). No puede ser de $3.000 millones o $6.000 millones”, reconoció.

“Para negociar, las partes tienen que ceder un poquito y técnicamente los $3.000 (millones) se justifican entonces agreguemos un poquito más si es posible como señal de voluntad y restemos a los $6.000 (millones) como señal de buena voluntad”, amplió Castro.

Por su parte, Óscar Izquierdo, subjefe de fracción del PLN quien sustituye en la Comisión a su compañera Kattia Rivera, manifestó que ellos podrían mantenerse en la línea de $3.000 millones.

Por ahora 18 de los 19 congresistas de Liberación apoyan que el monto sea el menor. La única excepción es Carolina Delgado, quien se inclina por $6.000 millones.

Se tiene planeado que los eurobonos sirvan para el canje de deuda cara por deuda barata.

Aunque el Gobierno tenía planeado pagar el vencimiento de deuda de enero de 2023 con los recursos de los eurobonos, lo cierto es que ya no queda tiempo para ello, dado que la fecha límite para salir al mercado sería el 24 de noviembre.

Sin embargo, era necesaria la autorización por parte de la Asamblea Legislativa entre seis y ocho semanas antes de esa fecha.

Esto porque el Gobierno requería contratar una firma de abogados y banco colocador como parte del trámite.

De esta manera, para pagar el vencimiento por $1.000 millones en enero, deberán recurrir al mercado local en busca de esos recursos, indicó Nogui Acosta, ministro de Hacienda.

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