Hermes Solano
En la Asamblea Legislativa está ya en la agenda del Plenario y listo para votarse el expediente 23.150 “Ley de prohibición para que los jueces del Poder Judicial en funciones sean nombrados en cargos fundamentales en el Poder Ejecutivo”.
La iniciativa presentada por el diputado del PLN, Geison Valverde, busca prohibir que los jueces asuman ministerios o presidencias ejecutivas.
Esto dice el artículo 2 de la iniciativa:
“Ningún juez del Poder Judicial en funciones o con autorización que lo aleje temporalmente de sus obligaciones podrá asumir el cargo de ministro, puesto de dirección o presidencia ejecutiva dentro del Poder Ejecutivo”.
Este miércoles el proyecto estaba para votarse en primer debate; sin embargo, finalmente no se llegó hasta ahí. Aún así, hay varias fracciones que tienen dudas al respecto.
“En un principio lo estábamos apoyando, pero algunos compañeros tienen dudas y lo vamos a analizar”, señaló Alejandro Pacheco, jefe de bancada del PUSC.
“No estamos seguros de la constitucionalidad de limitarle a los funcionarios judiciales que puedan participar en el Gobierno de la República”, añadió.
Esa misma duda la tienen en el Liberal Progresista, según lo señaló la subjefa de fracción, Johanna Obando.
“Lo que nos parece es que por asuntos de Constitución tendría problemas. Creemos en el espíritu del proyecto; sin embargo, nos preocupa que se caiga en la Sala”, adujo.
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La oficialista Pilar Cisneros dijo que su fracción votará en contra el plan que buscar prohibir a jueces ocupar cargos en el Poder Ejecutivo. (Foto Archivo/ El Observador)
En contra
Desde el oficialismo, la diputada Pilar Cisneros fue enfática en que lo votarán en contra. Al parecer el director del Instituto Costarricense contra las Drogas (ICD), Fernando Ramírez, habría expresado una preocupación a algunos diputados.
Ramírez es juez y consideró que de aprobarse el proyecto tendría que dejar su cargo en el ICD.
“Estamos totalmente en contra. Por qué si un juez tiene amplia experiencia, trayectoria y le puede aportar al país, por qué no hacerlo desde el Ejecutivo”, mencionó la jefa de la bancada de Gobierno.
“Personas que están ahora, como Fernando del ICD ¿qué pasaría con él?”, se preguntó.
El proyecto no se votó debido a las dudas de algunas bancadas, que solicitaron recesos en la sesión de Plenario y eso impidió que se llegara a discutir.
“Geison (Valverde) estaba muy enojado porque dice que nosotros pateamos la bola y no queremos que se vote. Nosotros lo vamos a votar en contra”, indicó Cisneros.
Curules diputados PLN. Cortesía Asamblea Legislativa.
No es retroactivo
La preocupación del director del ICD es infundada, pues el proyecto no es retroactivo; es decir, se aplicaría para quienes sean nuevos funcionarios, no para los que están actualmente.
“La fracción de Gobierno está un poco inquieta porque consideran que el proyecto obligaría a algunos funcionarios a dejar sus cargos. No puede ser retroactivo, es de aquí en adelante”, explicó Óscar Izquierdo, el jefe del PLN.
Para el verdiblanco la propuesta es importante porque genera esa separación entre los dos poderes de la República.
“Me parece que es un proyecto sano porque pretende que se fortalezca la carrera judicial sin mezclarla con la política”, indicó.
La iniciativa deberá esperar a verse en el Plenario.
“No hubo acuerdo, vamos a seguirlo impulsando. Estaba listo para votarse, no sé si de última hora le van a presentar alguna moción”, finalizó el liberacionista.
