Tomás Gómez
La regulación a la reelección de alcaldes y autoridades municipales apenas se verá reflejada en 2024 pero desde ya un proyecto intenta rebajar las limitaciones.
Según la ley aprobada el año anterior, los alcaldes pueden reelegirse una vez pero luego de esta, deben esperar dos periodos para volver a buscar cargos en el sistema de elección municipal.
No obstante, los diputados de la Unidad Social Cristiana (PUSC) propusieron una reforma para que esa espera sea de solo un período. Es decir, cambiaría de ocho a cuatro años.
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También se bajaría a un período la espera que tienen los regidores, síndicos y concejales para volver a aspirar por el mismo cargo (actualmente también se les exige una espera de 8 años).
En síntesis, la propuesta es que el Código Municipal se lea así:
Las alcaldesas o los alcaldes podrán ser reelegidos de manera continua por una única vez. No podrán ocupar este cargo de elección popular del régimen municipal, hasta tanto no haya transcurrido un período desde que finalizó su segundo período consecutivo. Los vicealcaldes y las vicealcaldesas también podrán ser reelegidos de forma continua por una única vez y no podrán ocupar el mismo cargo, hasta tanto no haya trascurrido un período desde que finalizó su segundo período consecutivo.
Las personas regidoras, síndicas, intendentes, viceintendentes, concejales municipales de distrito de la Ley 8173, Ley General de Concejos Municipales de Distrito, de 7 de diciembre de 2001, así como quienes ocupen cualquiera de los cargos de suplencias, podrán ser reelegidas de manera continua por una única vez y no podrán ocupar el mismo cargo o su suplencia hasta tanto no haya transcurrido un período desde que finalizó su segundo período.
PROYECTO DE LEY 23.609
Justificaciones del PUSC
La reforma a la reelección de alcaldes la impulsa el diputado Horacio Alvarado, que ocupó la alcaldía de Belén desde 2007. Además, cinco diputados más de su fracción dieron respaldo a la iniciativa.
El proyecto se tramita bajo el expediente 23.609.
Como parte de la justificación, el texto asegura que se viola el principio de igualdad al poner restricciones diferentes entre alcaldes y el resto de cargos.
“No existe una justificación estrictamente técnico-jurídica que sustente la incorporación de esa diferenciación discriminatoria, en contra de los puestos de elección popular de
Alcaldías e Intendencias”, indica el texto.
De paso se quejan de que la medida es más fuerte que las regulaciones para la reelección en los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
Aducen que también ven roces de Derecho Internacional, pues las medidas afectarían en diferentes procesos electorales.
“Para el caso de los alcaldes y alcaldesas que cumplan ocho años de ocupar el puesto,
inmediatamente se les impone una prohibición legal que le impide participa en cualquier otro puesto de elección popular dentro del régimen municipal, lo cual a todas luces resulta inconstitucional por cuanto violenta el derecho al voto pasivo que señala la Convención Americana de Derechos Humanos, pues estamos en presencia de puestos de elección popular totalmente diferentes”, indicaron.
Insisten también en que habría problemas con la jurisprudencia de la Sala IV sobre derechos políticos.
Incluso reclaman que hay maneras de destituir a un alcalde en caso de problemas o críticas.
“Resulta irrazonable y desproporcional la limitación temporal que se impone a las personas que ocupen una alcaldía municipal, por cuanto este puesto es el único dentro de todos los puestos de elección popular que existen en el país, donde el pueblo (munícipes del cantón respectivo) tienen la posibilidad de destituir a la persona que ocupe la alcaldía, ello mediante un plebiscito revocatorio”, apuntan.
Desde la semana anterior se intentó obtener una reacción de la fracción del PUSC ante esta propuesta pero no respondieron las solicitudes de este medio.
Hasta la Corte IDH
Desde que se aprobó la regulación a la reelección, los alcaldes han recurrido sin éxito a instancias jurídicas para combatir la medida.
Primero fueron a la Sala IV, donde no se encontraron problemas con la ley.
Tras la implementación, han comenzado a tantear el escenario internacional.
En febrero anterior, indicaron que valoran recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para de ahí avanzar hacia la Corte Interamericana. El grupo insiste en que se afectaron derechos fundamentales como el principio de igualdad, la irretroactividad de la ley y el derecho al voto pasivo.
De momento, sin embargo, la normativa sigue vigente y casi la mitad de alcaldes se irán para su casa en 2024.
