Rodrigo Díaz
En su intento por lograr una rebaja en las tarifas eléctricas, el Presidente Rodrigo Chaves dio una instrucción al presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Marco Acuña.
Le ordenó reclasificar los arrendamientos operativos como financieros.
“Eso bajará las tarifas luego de los procesos en la Aresep (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos)”, señaló el mandatario.
¿Por qué este cambio contable podría generar una baja de tarifas?
La diferencia se da porque un arrendamiento operativo permite deducir la cuota completa que paga el ICE como si fuera un costo.
Por el contrario, en el caso del arrendamiento financiero solo se reconocen los intereses que se pagan, no la amortización del principal.
Esto, en la teoría, permitiría reducir los costos y a su vez facilitar una disminución de las tarifas.
Según el consultor de impuestos, Carlos Camacho, la adopción de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) es obligatoria para empresas del tamaño del ICE y deben adoptarse en un 100%.
“Esto quiere decir que desde el punto de vista técnico no es opcional tratar los arrendamientos como un tema operativo, sino financiero”, agregó.
Señaló que no puede garantizarse que la adopción completa de las normas internacionales dé como resultado una baja en las tarifas, pero sí mostrará la realidad financiera de la institución.
¿Servirá esta estrategia?
No está claro si la estrategia servirá, pues aún existen existen discrepancias sobre cómo la empresa estatal está aplicando las normas.
De acuerdo con el ICE, la institución ya aplica las normas internacionales de contabilidad en un 100% desde el 2020.
Es por ello que, según el economista Gerardo Corrales, los arrendamientos operativos ya estarían registrados como financieros, por lo que no habría posibilidad de bajar más las tarifas por esa vía.
En un comunicado emitido en mayo de 2021, el ICE señaló que todos los arrendamientos y los contratos de construcción, operación y transferencias de activos de generación eléctrica (BOT) se están incluyendo al 100% de acuerdo con las normas NIIF.
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Afirmó, además, que su aplicación no implica disminución de costos, pues son obligaciones contractuales que igual debe cumplir.
Por otro lado, en febrero anterior, Aresep denegó al ICE un alza tarifaria de cerca del 20%, pues pedía que se revirtiera una rebaja que se hizo en el 2021 y reconocimiento de ingresos no percibidos a causa de la baja en la demanda eléctrica.
“El ICE continúa con prácticas contables que no permiten garantizar la trazabilidad de la información, debido a que se reportan gastos comunes por medio de los denominados Centros de Costos (Cecos) y por otro lado la asignación de costos y gastos relacionados con el negocio de Ingeniería y Construcción”, señaló Aresep.
Recientemente, la Contraloría General de la República cuestionó al ICE por no contar con una estrategia para la gestión de su deuda, la cual supera los ¢2,8 billones.
Rodrigo Díaz
