Hermes Solano
Los regidores de la Municipalidad de Heredia Margarita Murillo y Fernando León presentaron una moción ante el Concejo Municipal para que se pida a la Fiscalía y al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investigar al alcalde José Manuel Ulate.
La petición surge después de conocer que Ulate aparece mencionado en el informe de investigación del caso Cochinilla en una conversación entre dos empleados de la empresa Meco.
En la misma se habla de un reajuste de precios sobre la contratación de obra pública por ¢98 millones. De ese monto, al parecer ¢30 millones serían para el alcalde.
Así se desprende de la intervención telefónica entre los dos funcionarios (Abel González y Luis Fernando Gutérrez) de la empresa Meco.
En la misma hablan del supuesto acuerdo que tenían con Ulate.
La conversación
En la comunicación realizada el 27 de noviembre de 2019 y que está consignada en el expediente 19-000025-1218 PE se dijo lo siguiente:
Luis Fernando: Vea la bronca que estoy metido don Abel con el alcalde de Heredia, vea el relajo don Abel, se le entregaron, este carajo Erick que calcula los reajustes le dio menos 7 negativo
Abel: sí, sí, vos me contaste
Luis Fernando: hicimos 98 positivos don Abel con la negociación con él, de que 60 eran nuestros, 30 deI Alcalde y 8 del carajo que hizo todo el menaje del reajuste, diay, se hizo el maje huevón y ahí está el Alcalde que está en lo más y mejor de campaña, ahora tuve que ir de carrera y hacer un cambalache con él, oiga, oiga lo que tuvimos que hacer, para que sacara un préstamo privadísimo con soporte de que va a ir pagando el préstamo a poquito para sacar los 30 millones pero diay ahora hay que pagar un l8 % de interés y los tiene que perder el Alcalde y la plata la tenemos nosotros, entonces ya el hombre esta resfriado
Eso, sumado al informe de auditoría AI-11-2019 hace que existan dudas en los funcionarios municipales. Aseguran que hay posibles irregularidades sobre el reajuste de precios de fecha del dieciséis de octubre del 2019, al cartel de la Licitación Pública Nro. 2015-000001-01, por el monto de ₡98.171.878,00.
“Hechos que podrían guardar relación con las escuchas telefónicas realizadas el día veintisiete de noviembre del 2019 y consignadas en el expediente 19-000025-1218 PE”, dice la moción presentada.
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Irregularidades
Según el texto de la moción, ese documento de auditoría no contaba con la factura por los ¢98 millones.
“Se determinó que durante el periodo de vigencia de la Licitación Pública Nro. 2015-000001-01 (marzo del 2015 a mayo de 2019) el Contratista adjudicado para atender las necesidades de materiales para la red vial cantonal presentó una factura para el pago de reajuste de precios por un monto de ¢98.171.878.00”, dice el documento.
“El trámite de esta factura con los soportes suministrados por el Contratista, así como su respectivo análisis y aprobación por parte del Ente Municipal, no se encontraban archivados en los expedientes de esta Licitación por lo que el reajuste de precio en esta licitación pudo haber pasado por desapercibida para el estudio o análisis”, continuó.
Estas son pruebas que entregarán a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y al Organismo de Investigación Judicial.
El alcalde enfrenta una denuncia por supuesta violación de menor de edad.
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Dos funcionarios más
La moción de investigación suma a dos personeros más de la Municipalidad. Se trata del proveedor municipal Enio Vargas Arrieta, y la directora de inversión pública Lorelly Marín Mena.
“En el informe AI-11-2019 hay un posible indicio de que la no emisión de criterio técnico sobre la razonabilidad de la solicitud del contratista para el pago de dicho reajuste, por parte de la Dirección de Inversión Pública a cargo de la señora Lorelly Marín Mena, y la Unidad Técnica de Gestión Vial, podría ser una acción intencional de abandono de deberes”, dice la moción.
Los hechos se habrían presentado en 2019, cuando el alcalde José Manuel Ulate estaba en campaña de cara a las elecciones municipales.
