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Detienen al Alcalde de Heredia como sospechoso de abuso sexual a menor de edad y otros delitos

(Noticia en desarrollo). El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo este jueves al Alcalde de la Municipalidad de Heredia, José…

Por Hermes Solano

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Detienen al Alcalde de Heredia como sospechoso de abuso sexual a menor de edad y otros delitos
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(Noticia en desarrollo). El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo este jueves al Alcalde de la Municipalidad de Heredia, José Manuel Ulate.

El funcionario fue detenido como sospechoso de abusos sexuales y otros delitos, según informó en primera instancia la autoridad judicial.

“Agentes del OIJ de Heredia, realizan la detención del alcalde de Heredia, ya que figura como sospechoso de abuso sexual y otros delitos”, fue el mensaje difundido por las autoridades judiciales.

Hasta el momento, no hay mayores detalles respecto sobre el procedimiento y la denuncia contra el funcionario.

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Contra menor de edad

A Ulate se le achacan los delitos por presuntamente abusar de una menor de edad.

Los hechos se remontan al año 2019, cuando el Alcalde habría llevado a la joven a su casa supuestamente para que llenara unos documentos para un trabajo.

En ese momento habría ocurrido el abuso.

El Alcalde fue remitido a las celdas judiciales a la espera de que se determine su situación jurídica.

Cortesía OIJ

Otro caso

Ulate se ha visto envuelto en algunas polémicas. En marzo se dio a conocer que la Fiscalía Adjunta de Heredia y la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) lo acusaron por presunto tráfico de influencias.

Al parecer, habría girado una orden a policías municipales de liberar a un detenido, por pedido de una abogada de apellidos Alfaro Chacón.

“Las acciones tienen que ver con la influencia que realizó el Alcalde a policías municipales de Heredia para dejar en libertad al hermano de la abogada; ante llamada que ella misma le realiza a Ulate Avendaño y ahí es cuando el Alcalde da la orden a los policías de que lo dejen en libertad y que cancelen el procedimiento”, explicó la PEP en un comunicado de prensa.

Los hechos “en criterio de la Procuraduría de la Ética Pública, constituyen un delito de tráfico de influencias agravado”, añadió.

A ambos se les demanda civilmente y se les pide una indemnización de 5 millones de colones cada uno, para un total de ₵10 millones.

El Alcalde negó en esa oportunidad el hecho que se le imputó.