Desde la Columna
Cristina Sansonetti para El Observador
El sistema tributario establece una serie de obligaciones que los contribuyentes deban cumplir.
Dentro de ellas están: presentación de declaraciones (impuesto sobre la renta, impuesto sobre el valor agregado, salarios, retenciones en fuente entre otras), declaración de beneficiarios finales y mantener actualizada la información ante la Autoridad Tributaria.
También destaca el ajuste a sus sistemas de facturación electrónica (como ocurrirá con el CABYS a partir del 1 de diciembre).
A su vez, quienes ostentan la condición de Gran Contribuyente o Gran Empresa Territorial, deben presentar además la herramienta multifuncional conocida como AMPO y contar con estados financieros auditados.
Estos deberán ser presentados ante la Autoridad Tributaria, cuando sea requerido por esta. Aún más, las transacciones comerciales entre partes vinculadas deberán ajustarse a valores o precios de mercado.
Modificaciones en el régimen tributario
El régimen tributario costarricense ha sufrido modificaciones relevantes en los últimos 7 años.
Se han aprobado una serie de reformas fiscales que han dotado a las Autoridades Tributarias mayores capacidades de control.
En el 2012, se promulgó la Ley para el Cumplimiento de Transparencia Fiscal mediante la cual se reforzaron las facultades de acceso a la información de parte de las Autoridades Tributarias tanto de terceros como de información en poder de entidades financieras.
Asimismo, en ese mismo año se aprobó la Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria, mediante la cual se establecen reformas relevantes tales como, disposición que los convenios entre partes no son oponibles ante el Fisco.
También la responsabilidad solidaria en la adquisición de negocios y procesos de quiebra entre otros, la modificación de los plazos de prescripción, el gravamen del traspaso indirecto de acciones y en general, se fortalecieron las capacidades de control tributario.
En esa misma línea, en el 2013, se ratificó el Convenio Internacional para la Asistencia Administrativa Mutua en materia Fiscal, con la finalidad de combatir la evasión fiscal.
De la misma manera, en el periodo fiscal 2015, el Ministerio de Hacienda se comprometió con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en la implementación de un proyecto muy ambicioso, denominado “Plan Beps”. Su objetivo principal corresponde la lucha contra la evasión fiscal.
Por su parte, en el 2016 se da un impulso importante a la implementación del modelo de facturación electrónica y se crea el registro de beneficiarios finales.
Finalmente, a finales del 2018, se aprueba la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Publicas, fortaleciendo las facultades de la Administración Tributaria mediante la inclusión del artículo 112 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios referente a una cláusula anti-elusión general que permite atacar con mayor fuerza las estructuras artificiosas.
Dada la coyuntura actual se han incrementado las actuaciones de fiscalización orientadas a la imposición de multas derivadas de incumplimientos formales y un auge en el cuestionamiento de la oportunidad y necesidad de ciertos gastos en relación a su deducibilidad para efectos del cálculo del impuesto sobre la renta.
Nueva realidad normativa y económica
La nueva realidad normativa y económica induce a valorar la conveniencia de simplificar los esquemas societarios, dejando atrás la tendencia de estructuración implementada en los años 90 , mediante la cual se solía incorporar una gran cantidad de vehículos jurídicos.
Hoy día es más eficiente optar por esquemas societarios más simples, que permitan concentrar las operaciones, aprovechando ciertas normas que fueron introducidas en la reforma fiscal aprobada en el 2018.
Y sobre todo ante la coyuntura económica tan compleja, que permitan mejorar el flujo de efectivo al reducirse la cantidad de operaciones económicas entre partes relacionadas y que el personal pueda concentrarse en tareas que agreguen valor a las empresas en lugar de incurrir el tiempo en el cumplimiento de las obligaciones formales.
Con la reforma fiscal citada, se introdujo un impuesto sobre las ganancias de capital, pero también se incluyeron mecanismos para promover la continuidad de los negocios y la neutralidad fiscal, que permiten implementar procesos de reorganización.
Es momento de revisar en detalle el mapa societario y analizar la conveniencia de simplificarlo sin poner en riesgo el negocio operativo.
De optarse por realizar un proceso de reorganización, se recomienda revisar con mucho detalle los pasos de la implementación ya que ante una fiscalización, deberá contarse con la documentación adecuada para sustentar lo actuado.
En estos momentos de crisis, el esfuerzo de los tomadores de decisión debiera enfocarse en como reinventar los negocios ante las nuevas necesidades y tendencias comerciales, así como en optimizar el flujo de caja, objetivos que pueden lograrse con una adecuada reorganización.
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