Paulo Villalobos
En sus últimos momentos al frente del Ministerio de Hacienda, Rocío Aguilar acuerpó el traslado de ¢70.000 millones del Fondo Especial para la Educación Superior Pública (FEES) a una transferencia de capital en el proyecto de Presupuesto 2020.
La jerarca destacó que la medida era necesaria para cumplir con la regla fiscal. Esta tarde Aguilar interpuso su renuncia irrevocable al cargo.
La regla fiscal se define en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Establece una restricción al gasto corriente en los presupuestos de las entidades públicas. Se refiere a los recursos utilizados para el pago de salarios, por ejemplo. El objetivo es frenar el crecimiento automático de ese gasto.
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La decisión se debilitó el jueves pasado, cuando la Asamblea Legislativa disminuyó esa partida a la mitad, a ¢35.000 millones.
El martes, tras una reunión de siete horas con los rectores de las casas de enseñanzas y representantes estudiantiles, Casa Presidencial cedió ante el escudo de la “autonomía universitaria”. El Gobierno frenó la medida de su Ministra de Hacienda. Con el pacto, los centros educativos superiores podrán recalificar sus presupuestos y determinar los gastos de capital.
“En todo el proceso de negociación para el Fondo (…) en todo ese proceso fue claro en que, para ayudar a que el país cumpliera con la regla fiscal, era imperativo que se pudieran destinar parte de los recursos a inversión pública o infraestructura”, destacó la Ministra.
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Acuerdo no pesó en salida
Rocío Aguilar negó abiertamente que el acuerdo entre la Presidencia de la República y el Consejo Nacional de Rectores (Conare) pesara en su dimisión.
La aún jerarca enfatizó que el único motivo de su renuncia era el resultado de un procedimiento que le abrió la Contraloría General de la República (CGR), al realizar amortizaciones de deuda sin autorización del Congreso.
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Por ese caso, derivado de errores en la elaboración del Presupuesto Nacional 2018, por parte de la administración de Luis Guillermo Solís – el órgano sugirió al presidente Carlos Alvarado, suspender a la ministra por 30 días.
“Eso no pesa absolutamente nada en mi decisión (las manifestaciones estudiantiles y el acuerdo de Casa Presidencial con las universidades). La única razón de mi decisión, y que es un accidente que coincidieran la resolución de la Contraloría con los acontecimientos de los últimos días, es porque así correspondió”, manifestó Aguilar.
Agregó que si no fuese por el acto final del proceso en su contra, ella permanecería al frente de la cartera.
Eso sí, aseveró que ella quedó por fuera de la reunión con las universidades de este martes por determinación “exclusiva” de la Casa Presidencial.
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Paulo Villalobos
