Hermes Solano
Los llamados préstamos “gota a gota” están generando una crisis de seguridad en el país y el problema ya se discute en la Asamblea Legislativa, donde hay tres proyectos de ley que urgen de aprobarse, consideran diputados como Daniela Rojas del PUSC y Jorge Dengo del PLP.
Los legisladores consideran que la Ley de Usura, propuesta por Welmer Ramos del PAC y aprobada en la legislatura anterior, obligaron a muchos costarricense, que quedaron fuera de la banca autorizada, a buscar préstamos informales.
Aunque no es ilegal prestar dinero, sí lo son las técnicas de extorsión que utilizan muchos de estos prestamistas para cobrar su dinero.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, cuestionó lo que está ocurriendo alrededor de ese tema y aunque cree que la Ley de Usura no fue un error, si cree que no se midieron las implicaciones que iba a tener.
“El proyecto de usura que se aprobó dejó en descubierto a un sector de la población que de cierta forma necesitaba estar bancarizado, aunque fuera caro”, indicó el diputado.
“Esto nos lleva a la reflexión de que aquí a veces se actúa por impulsos y no se analizan bien las implicaciones que tiene para tanta gente”, añadió.
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En la corriente legislativa hay tres proyectos sobre el tema:
Problema serio
En lo que va del 2023 se han presentado 874 denuncias por extorsión, de las cuales 320 están en la categoría de préstamos informales.
Por ello es que diputados como Rojas y Dengo consideran vital abrirle espacio al tema en estas sesiones ordinarias para encontrar soluciones claras.
Arias dice que no conoce a detalle los proyectos y que los estudiará, sabiendo que muchas familias están viviendo dificultades, no solo económicas, sino también a raíz de obtener dinero de estos préstamos.
“No lo conozco en detalle, pero me parece que ha sido una tragedia para tantas familias que se ven obligados a caer en estos mecanismos, donde si no pagan los pueden agredir o incluso matar”, indicó.
La semana pasada, la Fiscalía Adjunta de Heredia ordenó la detención de dos personas de apellidos Castro Zúñiga y Fernández Pérez, quienes figuran como sospechosos por los supuestos delitos de privación de libertad, amenaza agravada y agresiones.
Esto, a raíz de que en apariencia golpearan y amenazaran de muerte a una mujer con arma de fuego porque supuestamente, el hijo de ella tenía una deuda con un prestamista.
“Al parecer, uno de los hombres le dijo que pagara lo que debían y no la golpearían más”, aseguró la Fiscalía.
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Nueva reunión
Meses atrás Arias lideró reuniones en conjunto con las autoridades de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público para encontrar soluciones a la crisis de seguridad que está viviendo el país en la actualidad.
Ahí se generó una lista de proyectos urgentes. Se aprobó el de la jurisdicción especializada contra crimen organizado y se está pronto a aprobar otro que permite agilizar la realización de allanamientos.
Arias asegura que pronto habrá nuevas reuniones y ahí tocarán el tema de los “gota a gota”.
“Me voy a reunir con ellos; ya hablé con don Orlando Aguirre, también con el fiscal general, para actualizar las listas de lo que habíamos hablado”, indicó Arias, indicando que la idea es “ver lo que más urge para seguir por un camino correcto”.
“Me parece que lo más responsable es seguir la recomendación de ellos y saber qué cosas faltan”, finalizó.
